La diputada Ruth Tiscareño presentó una iniciativa para evitar el nepotismo en la entrega de estímulos o apoyos económicos gubernamentales y garantizar que se otorguen a quienes realmente los necesiten y no a servidores públicos o a sus familiares.
Que los apoyos gubernamentales tengan un destino legítimo y socialmente útil y no se conviertan en instrumentos de privilegio, es el objetivo de su iniciativa, que implica reformas a las leyes para el Desarrollo y Competitividad Económica y de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
En tribuna, Tiscareño Agoitia remarcó que “los apoyos gubernamentales, los estímulos económicos, los créditos, las condonaciones y los programas de fortalecimiento productivo deben llegar a quienes verdaderamente los necesitan: emprendedores, pequeñas empresas, trabajadores, mujeres, jóvenes y familias que buscan salir adelante con esfuerzo y honestidad”.
Sus reformas legales buscan establecer “una prohibición expresa para que los apoyos económicos no puedan ser otorgados a servidores públicos, ni a personas físicas, morales, asociaciones u organizaciones en las que éstos o sus familiares tengan participación o interés.
En lo que toca a la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, lo que se propone es ampliar “los supuestos de prohibición para evitar conflictos de interés y actos de nepotismo en el acceso a recursos públicos”, abundó.
Al exponer las motivaciones de su iniciativa, resaltó que es necesaria porque la ciudadanía exige cada vez más transparencia, legalidad y ética en el ejercicio del poder público, y porque con esas reformas se protegen los recursos públicos destinados al desarrollo económico y social del estado.
Además, porque existe una percepción creciente de que algunos programas gubernamentales pueden terminar beneficiando a círculos cercanos al poder, generando ventajas indebidas y debilitando la confianza ciudadana, y porque cuando un apoyo público se entrega bajo criterios de favoritismo, el problema no solamente es legal o administrativo, es profundamente moral y social.
Dijo que la ciudadanía merece tener la certeza de que los programas de apoyo económico no serán para quienes ya tienen cercanía con el poder y de que deben llegar “al ciudadano común, al pequeño empresario, al joven emprendedor, al productor del campo, a la mujer trabajadora y a quienes hoy enfrentan condiciones económicas complejas”.
La congresista del GPPRI precisó que su propuesta no pretende obstaculizar los programas de apoyo económico, sino fortalecerlos, darles legitimidad y garantizar que cumplan verdaderamente su función social.
Resaltó además que “la ética pública no puede depender únicamente de la buena voluntad de los funcionarios” y que “debe existir un marco jurídico preventivo que cierre espacios a los abusos y a los conflictos de interés”, porque “combatir el nepotismo no debe ser un discurso, debe convertirse en reglas claras dentro de la ley”.
