Ante el incremento de las estafas virtuales contra el ahorro de las familias, el GPPAN y la RPPRD presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a fortalecer las acciones de ciberseguridad, investigación penal, prevención e inteligencia financiera frente a esquemas de inversión fraudulentos.
La diputada María del Pilar Gómez Enríquez señaló que es fundamental proteger el dinero que la gente ha ahorrado con tanto esfuerzo y asegurar que la economía de los hogares no se ponga en riesgo.
“Hoy el fraude no se presenta en oficinas clandestinas. Hoy se disfraza de modernidad, de tecnología y de innovación. Utilizan redes sociales, aplicaciones móviles, inteligencia artificial, videos manipulados y falsas promesas de riqueza rápida para engañar a miles de personas”, dijo.
Agregó que el Estado debe responder con firmeza, coordinación y capacidad tecnológica frente a esquemas criminales cada vez más sofisticados.
Explicó que la proliferación de organizaciones delictivas y empresas financieras no reguladas aprovechan tendencias como las operaciones automatizadas en los mercados financieros, las criptomonedas y los algoritmos predictivos para engañar a las personas con promesas de altos rendimientos en plazos cortos.
Alertó, además, sobre el uso de la inteligencia artificial para la manipulación de videos, uso no autorizado de la imagen de figuras públicas, la clonación de voces y la simulación de paneles bursátiles en tiempo real. Estas manipulaciones impiden que las personas puedan distinguir la autenticidad de los sitios web.
La legisladora advirtió que estas campañas publicitarias en redes sociales y aplicaciones de mensajería afectan principalmente a personas adultas mayores, jóvenes o ahorradores que buscan incrementar sus ingresos.
Asimismo, expuso el impacto de los modelos piramidales, los cuales carecen de sustento financiero, dependen del ingreso constante de nuevos inversionistas y destruyen el patrimonio familiar.
El exhorto va dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; a la Fiscalía General de la República; a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional.
Finalmente, Gómez Enríquez aseguró que las sanciones posteriores al daño patrimonial son insuficientes ante la velocidad del entorno digital, por lo que es urgente que el Gobierno Federal diseñe campañas permanentes de alfabetización financiera y digital.
