El Comité Ejecutivo Nacional de Morena manifestó su respaldo a la postura asumida por el Gobierno de México ante la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos contra diversos políticos de su partido- entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil- a quienes el Departamento de Justicia acusa, junto a siete funcionario más, de haber protegido a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
En su posicionamiento, Morena mostró su preocupación por la petición de extradición, a la cual señaló de no tener fundamentos.
“Resulta preocupante que se solicite una extradición sin ningún elemento de prueba, lo cual vulnera principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho que prevalece en nuestra nación”, afirma el partido guinda y añade que la forma en la cual se comunicó la solicitud por parte de la embajada viola la confidencialidad establecida en los tratados internacionales, afectando la confianza que debe regir la cooperación entre ambos países.
Este comunicado, publicado poco antes de las 7 de la noche del miércoles 29 de abril, se inscribe en la misma línea que las posturas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR).
La Cancillería confirmó que el martes 28 de abril de 2026, a las 18:00 horas, recibió diez solicitudes formales de extradición entregadas por la Embajada de México en Estados Unidos, precisando que, conforme a la Ley de Extradición Internacional, la documentación fue turnada a la Fiscalía General de la República para su evaluación técnica. No obstante, la dependencia afirmó que las solicitudes enviadas por las autoridades estadounidenses no anexaron elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas señaladas.
Por su parte, el vocero de la FGR, Ulises Lara López, aseguró que Estados Unidos no aportó evidencias contundentes para solicitar la detención con fines de extradición de funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Lara López señaló que la institución iniciará una investigación propia para verificar la existencia de datos de prueba que sustenten las acusaciones. El funcionario recordó que, según el marco jurídico vigente, es obligación de la fiscalía analizar si existen los elementos necesarios para la viabilidad de la solicitud.
Esta respuesta institucional surge luego de que el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaran este miércoles una acusación formal contra diez funcionarios por presunta conspiración de narcotráfico y delitos relacionados con armas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los señalados utilizaron sus cargos públicos para facilitar la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos.
La acusación de la justicia estadounidense incluye también a exsecretarios y mandos policiales del estado de Sinaloa, como Gerardo Mérida Sánchez y Damaso Castro Zaavedra, a quienes se les imputa haber brindado protección y acceso a información sensible sobre operativos oficiales.
Ante estos señalamientos, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena concluyó su comunicado indicando que el partido refrenda su confianza en la actuación de la Fiscalía General de la República, sabiendo que cualquier decisión “se tomará con responsabilidad, conforme a derecho y en defensa de nuestra soberanía”.
