El contralmirante Fernando Farías Laguna, prófugo desde finales de agosto de 2025 y quien fue detenido el jueves pasado en la provincia de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, fungió como accionista, junto con su esposa, en la empresa Comercial Gámez San Pedro, y como socio junto con Ramón Ángel Castillo en la Inmobiliaria Falaycava.
El hoy detenido y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, preso en el penal de El Altiplano, en el Estado de México, desde el 2 de septiembre de 2025, son señalados por los probables delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Fernando Farías Laguna era asalariado y, aunque manifestó ser socio accionista y tener registradas actividades empresariales y profesionales, no se conoce que haya emitido Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) por estos conceptos.
“De sus productos financieros se conoció que es empleado del sector público. De los CFDI recibidos se conoció que por concepto de nómina obtuvo un millón 765 mil 612 pesos y recibió CFDI por deducciones de los ejercicios 2020 a 2024 la cantidad de 17 millones 434 mil 215 pesos.
“De lo que se desprende que en ese periodo ha excedido en 5 millones 668 mil 603 pesos sus gastos de lo que ha percibido por concepto de nómina, situación que ha sido más alta en los años 2023 y 2024”, refieren documentos.
El contralmirante adquirió en 2019 un terreno de 175 mil pesos; en 2023, un vehículo con valor de un millón 892 mil 900 pesos, y realizó pagos en efectivo por más de 500 mil pesos.
Emitió un cheque de caja por 2 millones 250 mil pesos a favor de María Eugenia Farías y Gutiérrez de Banco Santander, efectuó una aportación a su póliza de vida en Grupo Nacional Provincial por 11 millones 135 mil 981 pesos.
“Llevó a cabo la compra-venta de un inmueble con valor de cuatro millones 500 mil pesos, en la que se conoció como vendedores a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, y como compradora a María Eugenia Farías y Gutiérrez.
“Señalando que la forma de pago fue mediante un cheque de caja de fecha 17 de septiembre de 2020 y un cheque nominativo de fecha 21 de septiembre de 2020, ambos en cantidad de 2 millones 250 mil pesos, de lo que podría inferirse que se trata de una venta simulada”, indica el expediente.
Además de que por la coincidencia de apellidos se infiere que la compradora podría tratarse de un familiar de los hermanos Manuel Roberto y Fernando.
“Derivado de la información financiera y sus movimientos, se externa que no se aprecia el origen de la riqueza de Fernando Farías Laguna para llevar un estilo de vida con la erogación de recursos millonarios que se desprende de la información financiera analizada.
“Resultando evidente que sus gastos rebasan sus percepciones como asalariado; asimismo, es de resaltar el manejo de efectivo en grandes cantidades identificado para el pago de bienes inmuebles y vehículos”, se detalla en la causa penal.
Resalta que existe la sospecha de que Fernando Farías Laguna sea parte de una red de servidores públicos, civiles y empresas que probablemente realizan conductas encaminadas a delitos de corrupción, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los datos patrimoniales del contralmirante se encuentran siete domicilios: tres en Sonora, tres en la Ciudad de México y uno en Baja California.
En el caso de los vehículos, cuenta con tres registros en Sonora y Ciudad de México, así como 20 registros de ingreso a territorio nacional entre 2013 y 2024.
En las investigaciones se subraya que los hermanos Farías Laguna fueron expuestos en redes sociales por formar parte de una red de servidores públicos que, presuntamente, permitieron el ingreso y salida de hidrocarburo ilegal. Y tráfico de drogas, señalando que para realizar las posibles conductas ilícitas era necesario contar con una estructura coordinada y organizada, por lo que formaron un control sistemático y sostenido en áreas estratégicas de la Administración Pública Federal.
Los hoy detenidos presuntamente cometieron, entre otros, los delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal equiparada.
