Un litigio iniciado por familiares de fallecidos por covid-19 o con afecciones derivadas de esa enfermedad, contra la multinacional Philips, evidenció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue omiso en retirar diversos modelos de respiradores defectuosos que liberaron gases tóxicos y partículas dañinas, pese a las advertencias que existieron en el mercado sobre el uso de esos aparatos.
De acuerdo con los documentos del caso, el uso de esos equipos causó la muerte y deterioro respiratorio de hijos, padres, madres, esposas y esposos. Sin embargo, una juez federal en el Estado de México desestimó la petición de los quejosos al aplicarles criterios judiciales relacionados con la herencia de bienes y “no acreditar” las muertes a causa de los aparatos, aunque ese procedimiento corresponde a otra etapa del litigio.
Se trata de una demanda colectiva en la que 42 personas exigen a Philips México Commercial, S A de C V, el pago de daños y perjuicios por la fabricación, distribución y comercialización en el país de más de 10 modelos de respiradores defectuosos utilizados en todo el territorio nacional para atender a pacientes con Covid-19 durante la pandemia.
Los demandantes también exigen a la empresa dar una disculpa pública por las afecciones a la salud de sus familiares y la muerte de otros, así como el retiro y sustitución gratuita de los equipos defectuosos en instituciones privadas, públicas e incluso hogares; y realizar una campaña de difusión para advertir sobre los riesgos de la utilización de los aparatos defectuosos, entre otras.
La suma reclamada de manera preliminar, hasta en tanto un juez calcule el monto de las indemnizaciones y pagos de daños y perjuicios, asciende a mil 260 millones de pesos, misma que podría incrementar.
Aunque en la demanda únicamente señala como responsable a Philips México, los afectados afirmaron que el gobierno federal tuvo conocimiento de los riesgos de la utilización de los aparatos defectuosos y no los retiró ni los sustituyó en hospitales públicos.
Aseguran que el gobierno de López Obrador incumplió con su obligación de vigilar que los aparatos cumplieran con los lineamientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas que regulan las buenas prácticas de los dispositivos médicos en el mercado.
Precisan que, durante la pandemia, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a cargo entonces de José Alonso Novelo Baeza, emitió autorizaciones extraordinarias que facilitaron la entrada de los ventiladores defectuosos a los hospitales mexicanos.
La demanda fue presentada el 9 de octubre de 2025 y enviada a la juez Primero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Arantxa Ramírez Villafuerte, electa por voto popular en junio del año pasado.
Sin embargo, al día siguiente de recibir el escrito que consta de más de 800 páginas la juez decidió desecharla porque de los 42 actores (demandantes) 35, cuyos familiares fallecieron, no acreditaron ser albaceas (representantes legales) de la sucesión de los mismos, por lo que no pueden ser considerados como parte de la colectividad que acudió ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) a reclamar la reparación del daño y, por tanto, consideró que no reúnen el número de integrantes para ser considerados una colectividad en estricto sentido.
