Las tortillas de maíz, el alimento principal de los mexicanos, se vendieron en promedio a 23.7 pesos por kilo a granel en las zonas urbanas, aunque en ciudades del norte como Mexicali, Hermosillo y Ciudad Acuña alcanzaron los 35.
Así lo revela el monitoreo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llevó a cabo durante marzo en las 55 principales ciudades del país.
El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López García, calculó que el kilo va a registrar un incremento de dos a cuatro pesos debido al mayor costo de la tonelada de harina de maíz.
La empresa Maseca dio a conocer que mañana 15 de abril aumentará la tonelada de harina de maíz a 450 pesos, lo que equivale a un aumento aproximado de 25 centavos por kilo.
Destacó que Minsa, grupo que encabeza Altagracia Gómez Sierra, no va a incrementar los precios, aunque antes era de los primeros que los subía.
Sin embargo, el líder del CNT expuso que existe un rezago acumulado en los costos de producción que puede reflejarse durante las próximas semanas.
“Desde hace tres meses a la fecha hay ajustes en el gas, los fletes, el papel grado alimenticio, las refacciones y demás, pero lo más costoso es que tenemos gasolinas que se incrementaron en los últimos días hasta tres pesos por litro y cuesta más la movilidad”, comentó.
Además, explicó que se deben pagar mejores sueldos para que el puesto de trabajo en un negocio formal sea atractivo, porque las transferencias de dinero vía los programas de gobierno hacen que la gente no quiera laborar.
Señaló que una de las grandes desventajas para las tortillerías está en la competencia desleal, debido a que los negocios informales no pagan impuestos ni luz, tampoco seguro social y carecen de licencias de operación por parte de la Cofepris y Protección Civil.
“La competencia desleal está dañando al sector, porque los informales evaden todas las obligaciones”, sostuvo el representante de la organización fundada en 1998.
En opinión de López García, las tortillerías informales no necesariamente abren sus cortinas, ya que reparten el producto por bicicletas o motos y, aunque son productoras de ese alimento, “no son reguladas, porque no tienen licencia de funcionamiento y eso genera más competencia desleal”.
Al carecer de gastos fijos, los informales pueden vender el kilo en 18 pesos, pero las tortillerías formales deben vender más caro dado que enfrentan mayores costos.
“Después de evaluar nuestros últimos costos de producción, el kilo nos salió en 25 pesos utilizando harina de maíz y 22.15 con maíz nixtamalizado”, detalló.
Ante la situación, Homero López advirtió que el precio final al consumidor va a subir de dos a cuatro pesos y no será en todo el país, pero sí en la Ciudad de México, el Estado de México y lugares donde el kilo se comercializa hoy entre 22 y 24.
“Cada tortillero toma la decisión, pero por los sondeos que hacemos con delegados y compañeros de todo el país, la tortilla empezará a tener un incremento. Hemos hecho un análisis y tenemos un déficit de 16%. Si nosotros marcamos un porcentaje sobre 22 pesos, estaríamos hablando de un alza de dos a cuatro pesos en el precio al consumidor”, explicó.
Dio a conocer que el Consejo Nacional de la Tortilla solicitó al gobierno federal combatir el comercio desleal para tener un precio al alcance de todos los consumidores.
“Esperemos que exista voluntad política contra el comercio desleal, porque perjudica a los consumidores y a todo México”.
El 12 de junio del año pasado, el gobierno lanzó el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla con productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros, con el fin de “mejorar la cadena de producción y mantener los precios”.
Sin embargo, Homero López explicó que las tortillerías pueden subir sus precios si los insumos se encarecen, debido a que el convenio es de carácter voluntario.
“Si los precios de los insumos se movieron, adelante con el ajuste a los precios de la tortilla, aunque en algunas zonas no impactará por los programas de gobierno”, opinó.
Enfatizó que no hay control de precios por parte del gobierno y, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, carece de facultades para cerrar tortillerías si existe un aumento de precios generado por insumos más caros.
