El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, lanzó este domingo una crítica directa a la postura del Gobierno federal frente a la crisis de desapariciones en México, al señalar que negar o minimizar la gravedad del fenómeno impide avanzar en la atención a las víctimas y sus familias.
Sus declaraciones se dan en el contexto del reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que ha advertido que en el país existen indicios de desapariciones sistemáticas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, lo que ha derivado en una confrontación con autoridades mexicanas.
Durante su mensaje dominical, el prelado hizo un llamado a reconocer plenamente la dimensión del problema, al considerar que solo a partir de ese punto se podrán generar políticas efectivas de búsqueda, justicia y acompañamiento.
“Es preocupante”, expresó tras reunirse con colectivos de búsqueda, a quienes describió como portadores de una “mezcla de sentimientos”: esperanza por encontrar a sus seres queridos y, al mismo tiempo, una profunda tristeza ante la incertidumbre de no poder darles sepultura.
Díaz Díaz relató que el contacto con estas familias le permitió dimensionar el impacto humano de la crisis, marcada por el dolor acumulado y la falta de respuestas institucionales. Señaló que, además del sufrimiento, existe una sensación de abandono por parte de las autoridades.
El obispo reconoció que incluso la Iglesia ha sido interpelada por estos colectivos, al no contar con las herramientas para incidir directamente en la localización de personas desaparecidas, pese a los esfuerzos de acompañamiento espiritual y social.
En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de “maquillar” cifras oficiales o minimizar el fenómeno, lo que —dijo— no solo distorsiona la realidad, sino que retrasa la construcción de soluciones.
“Una herida no se sana ocultándola, sino exponiéndola”, sostuvo, al insistir en que transparentar la magnitud del problema es un paso indispensable para su atención.
El posicionamiento del obispo se suma a una creciente presión social e internacional sobre el Estado mexicano, luego de que organismos y especialistas han documentado más de 130 mil personas desaparecidas y graves deficiencias en los sistemas de búsqueda e identificación forense.
Mientras el Gobierno federal ha rechazado la interpretación del organismo internacional y sostiene que el fenómeno no responde a una política de Estado, diversos actores —incluidos colectivos de víctimas y ahora representantes de la Iglesia— han insistido en la urgencia de asumir la crisis en toda su dimensión.
Con su pronunciamiento, el obispo de Irapuato coloca nuevamente en el centro del debate público una de las problemáticas más sensibles del país, subrayando que detrás de las cifras hay historias de dolor que siguen esperando respuestas.
