La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum vuelve a enfrentar un panorama incierto. A pesar de haber firmado su apoyo al plan B en la Secretaría de Gobernación, los aliados de Morena han vuelto a la carga con cuestionamientos que podrían descarrilar la nueva iniciativa. Esta vez, el Partido del Trabajo ha decidido condicionar sus votos a que se aplace la consulta de revocación de mandato, para que no se celebre el mismo día de las elecciones federales y locales de junio de 2027 -como lo está planteando el gobierno-, sino el domingo 1 de agosto, una vez superada la elección intermedia.
En el Senado de la República, cada voto de los aliados es crucial, pues la mayoría oficialista es mucho menor que en la Cámara de Diputados. Morena tiene 67 de los 128 senadores y necesita 19 votos más para llegar a los 86 que conforman la mayoría calificada, necesaria para aprobar cambios a la Constitución. Sus aliados tienen 20 votos, 14 el Verde y 6 el PT, por lo que basta con que dos senadores aliados no voten a favor para hacer naufragar la reforma.
La decepción del PT
Según dirigentes del Partido del Trabajo, en las mesas de la semana pasada en la Secretaría de Gobernación ellos pidieron que el revocatorio no se celebre el mismo día de las elecciones y cuestionaron que solo la presidenta pueda hacer campaña a su favor y no los partidos, pues consideran que eso solamente podría beneficiar a Morena. Como posible solución, plantearon que se deje para el domingo 1 de agosto, el día previsto en la Constitución para llevar a cabo consultas populares. De ser así, el revocatorio de Sheinbaum se celebraría dos meses después de las elecciones y con tiempo suficiente para una campaña de 50 días en los que la presidenta podría defender su gestión sin intervenir en las campañas electorales previas.
“Pedimos que se encorchetara ese tema y accedieron”, ha informado un dirigente petista. Solo así, el líder Alberto Anaya accedió a firmar el documento que les propuso la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y a grabar el video difundido el domingo, en el que PT y Verde se comprometen a respaldar el plan B. Por eso les sorprendió que el martes, al presentar su iniciativa, la presidenta Sheinbaum anunciara que la revocación podría realizarse en 2027 y que en la redacción se incluyera una adición al artículo 35 constitucional en el que se quita el candado que actualmente impide a la presidenta hablar durante la campaña del revocatorio.
Alejandro González Yáñez, senador del PT integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha dicho este jueves que pedirán que se aclare la redacción de la iniciativa, para no dejar abierto el ejercicio a que pueda convocarse “a la conclusión del segundo o del tercer año de gobierno” y que esta pueda llevarse a cabo “el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de ejercicio”. El senador ha dicho que el PT no acompañará esa redacción imprecisa y así lo va a plantear el lunes, durante la reunión de la comisión que va a aprobar el dictamen.
Los dirigentes del PT plantearon otro riesgo: el de poner a la presidenta en la campaña de las elecciones nacionales, pues todo el voto opositor, que se dispersará entre PAN, PRI, MC y probablemente nuevos partidos, podría concentrarse en un voto unificado pidiendo su revocación por pérdida de confianza, como ocurrió en enero en Oaxaca, donde el gobernador Salomón Jara fue sorprendido con un 40% de votos en contra de su permanencia.
Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, también ha adelantado que su partido no acompañará la propuesta en materia de revocación de mandato tal como se plantea en la iniciativa. “Para nosotros hay dos riesgos, uno es de Estado, es estructural, y es que esta reforma te lleva a que puedas tener presidente de la República tres años, pues desde que comience su mandato se va a estar hablando de su revocación, y el otro es con qué partido se identifica a quien esté en el gobierno, y ahí hay una desventaja para todos los demás partidos”, ha dicho el diputado.
El voto rebelde del Partido Verde
Por su parte, en la bancada del Partido Verde en el Senado, su coordinador Manuel Velasco ha admitido que al menos uno de los 14 integrantes podría votar en contra del plan B de Sheinbaum: el chiapaneco Luis Armando Melgar, el que se ha mostrado más abierto entre los legisladores verdes en contra de hacer una reforma electoral. “El plan B no puede ser pretexto para debilitar instituciones ni adelantar campañas. Porque cuando se cargan los dados, pierde México”, ha dicho Melgar en cuanto comenzó a circular la nueva iniciativa de la presidenta.
Velasco se ha mostrado más cauteloso en sus declaraciones, pues en las mesas de Gobernación su partido logró que se retirara del plan B un asunto que era letal para ellos: la intención de la presidenta de someter a consulta popular temas electorales como la disminución del financiamiento público a los partidos. Aunque la presidenta lo anunció el jueves de la semana pasada como parte de su plan B, “para que la gente decida si se le siguen otorgando tantos recursos a los partidos”, el martes el tema desapareció de la versión final de la iniciativa.
Sin embargo, el Verde encontró otra manera de presionar a Morena en los días previos a la iniciativa, al hacer públicos los perfiles de sus 17 prospectos para competir por las gubernaturas que estarán en juego en 2027. “Solos podemos″, reza la publicidad que comenzó a difundir el partido aliado de Morena un día después de que Manuel Velasco presentara “la caballería del Verde para 2027″.
