La presidenta Claudia Sheinbaum ha redoblado la apuesta. La próxima semana enviará una nueva iniciativa de reformas a la Constitución en materia político-electoral bajo la misma lógica que, según ha dicho, tenía su plan original: reducir privilegios y fortalecer la participación ciudadana. Al anunciar su plan b, ha advertido que la gente ya vio cómo votó cada quien en la Cámara de Diputados y que el pueblo seguirá atento a las decisiones de las fuerzas políticas. “Quien votó a favor cumplió con la voluntad popular; quien votó en contra, pues no. Así de sencillo”, ha explicado horas después del naufragio de su iniciativa.
Al requerir de cambios a la Constitución, el nuevo plan también depende de los votos del Partido Verde y el Partido del Trabajo, aliados de Morena que regatearon su apoyo a la primera propuesta y que, junto con las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, propinaron a la presidenta su primera derrota legislativa del sexenio. El plan b es producto de una encerrona en Palacio Nacional, en la que la presidenta advirtió a los dirigentes de los tres partidos de la coalición oficialista que ella no se apartará de las promesas que hizo en campaña, e insistirá en reducir el gasto público en la política. “El plan b tiene el mismo objetivo que el plan a: disminuir privilegios”, ha enfatizado en la conferencia matutina de este jueves.
Este segundo intento se basa en tres propuestas: uno, reducir el gasto en congresos estatales, ayuntamientos y en el Senado, con base en el costo por diputado local, regidor y senador; dos, adelantar la revocación de mandato al tercer año de gestión, para hacerla coincidir con las elecciones de 2027; y tres, incluir temas electorales, como la reducción del financiamiento público a partidos, en la lista de asuntos que pueden someterse a consulta popular. Además, según ha dicho el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, se buscaría aplazar un año la elección de jueces prevista para 2027 y topar el salario de los consejeros del Instituto Nacional Electoral para que ganen menos que la presidenta, como ya ocurre en la administración pública federal.
Uno de los puntos más incisivos del plan b de Sheinbaum requiere cambiar el artículo 35 de la Constitución para que los temas electorales puedan ser sujetos a consulta popular. Con ello, la presidenta pretende llevar a la boleta su intención de reducir el financiamiento público a los partidos, que en este 2026 se llevarán más de 7.700 millones de pesos sin que haya elecciones más que en un Estado. La propuesta venía en su iniciativa y fue rechazada por el PVEM y el PT, pero en las encuestas es respaldada por más del 80% de la población.
Otra propuesta que requiere cambio a la Constitución es la de establecer que la revocación de mandato pueda convocarse en el tercer o cuarto año de Gobierno. Actualmente, también en el artículo 35 se establece que el revocatorio solo puede solicitarse “durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año”. En el caso de Sheinbaum, esto sería entre octubre y diciembre de 2027. La intención es adelantarla, para que pueda empatarse con las elecciones intermedias de junio.
“Quien no votó no tiene esa convicción”
La presidenta se ha cuidado de condenar al Verde y el PT, los partidos aliados de los que depende su mayoría legislativa y con quienes existe el compromiso de mantener la coalición electoral en 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 30 Congresos locales y miles de ayuntamientos. En todo momento, ha recordado que los partidos de la oposición, PAN, PRI y MC, fueron los primeros en descalificar su intención de hacer una reforma electoral que pretendía disminuir las prerrogativas de los partidos, eliminar 32 senadurías de representación proporcional y vincular directamente el voto ciudadano a la asignación de las 200 diputaciones plurinominales. Sin embargo, sí ha cargado las tintas contra las tres diputadas de Morena que votaron en contra, Giselle Arellano Ávila, Alejandra Chedraui Peralta y Santy Montemayor, y los cuatro que estaban ausentes en la sesión, como la exministra Olga Sánchez Cordero: “Los diputados de Morena que no votaron no tienen esas convicciones, ¿verdad? Tienen otras o se dejan llevar por lo que sale en el Reforma o en Latinus, no sé“.
Basada en encuestas que muestran un mayoritario respaldo popular a sus propuestas, Sheinbaum ha advertido que seguirá adelante en su intención de hacer una reforma electoral, e incluso ha admitido que envió el proyecto, a sabiendas de que iba a ser rechazado, precisamente para exhibir quiénes quieren reducir los privilegios de la clase política y quiénes no. “Era importante dejar el punto y no echarse para atrás, porque queda ahí en la historia”, ha aclarado.
