La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum, este martes, un documento con ocho puntos clave de modificación en el sistema electoral mexicano. Entre ellos destaca el reordenamiento de representantes plurinominales en ambas Cámaras del Congreso, la reducción del 25% de prerrogativas a partidos políticos y quitarle dos consejerías al pleno del Instituto Nacional Electoral (INE), además, también disminuirle el presupuesto hasta en 42% en años sin elección federal.
El documento, filtrado, es un primer esbozo de la iniciativa que la presidenta deberá entregar al Congreso de manera formal. Este miércoles, en su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseguró que no corre prisa presentar la reforma, sin antes llegar a acuerdos con los partidos que conforman la alianza que la llevó al poder: Morena, PVEM y PT.
“Vamos a esperar al día que enviemos la reforma, ahí ya platicamos de todo, no nos adelantemos”, respondió cuando expresamente le preguntaron “¿por qué mandar una iniciativa de reforma constitucional, cuando no se tendrían los votos para aprobarla?”, luego de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que no hay acuerdo con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde.
La propuesta de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral prevé que la Cámara de Diputados ahora esté integrada por 508 curules. Se mantienen los 200 diputados de representación proporcional (plurinominales), pero divididos en una fórmula parecida a la que actualmente tiene el Senado de la República.
De los 200 diputados plurinominales, 100 serán electos por el principio de primera minoría, es decir, los mejores perdedores o segundos lugares; y los otros 100 por lista nacional integrada por cada partido.
Las 8 nuevas curules en San Lázaro deberán ser presentadas, igualmente, por lista de partido pero atendiendo al principio de la “diáspora mexicana”, es decir, aquellos mexicanos que no vivan en territorio nacional.
El documento también propone dar reconocimiento a la diáspora mexicana en el artículo 30 de la Constitución, mismo que quedaría de la siguiente manera: “El Estado garantiza los derechos de la diáspora mexicana, entendida ésta como el conjunto de personas de nacionalidad mexicana por nacimiento que residen con fines de permanencia fuera del territorio nacional que, individual y colectivamente mantienen vínculos jurídicos e identitarios con los Estados Unidos Mexicanos”.
En cuanto al Senado, la propuesta de la Comisión Presidencial es reducir los escaños de 128 a 96 –tal como funcionó entre 1994 y el año 2000–, dejando solo tres representaciones por cada estado.
Dos de estas representaciones se elegirían por el principio de mayoría, tal como sucede actualmente, una candidatura compuesta por dos personas aspirantes al Senado. La fórmula deberá estar integrada forzosamente por una mujer y el segundo podría ser hombre o mujer.
Un escaño más se elegiría por el principio de primera minoría o segundos lugares, garantizando una representación de la segunda mayor preferencia de voto entre la población de cada estado. Se elimina la lista nacional que buscaba dar representación a los partidos y no a los estados.
Además, se propone que también se reduzca la edad mínima para ser senador, de 25 años cumplidos a 18, “para igualar las condiciones con la Cámara de Diputados”, según argumenta el documento.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral también plantea dos golpes centrales al INE: uno es la reducción de sus consejerías en dos lugares, de 11 pasaría a 9, pues 8 de éstas tendrían que ir forzosamente en paridad (dos hombres y dos mujeres) y la novena sería la consejería electa como presidenta del Consejo General, sin importar si es hombre o mujer.
El segundo golpe al INE aparece en la reducción de su presupuesto, hasta de 42% en años sin elección federal y una reducción trianual de hasta 21%. Estos ahorros se suman a los de la eliminación de las Juntas Distritales, mismas que dejarán de ser permanentes y se conformarían solo en los años de elección.
Una reducción más de gasto llegaría con la eliminación de dos vueltas en la capacitación para la elección, dejando solo una de las tres que actualmente se brindan. Además, se eliminaría la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y la Coordinación de Asuntos Internacionales.
En cuanto a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se integrarán por un máximo de cinco personas designadas por el Senado por dos tercios del pleno, que durarán siete años en el cargo.
El Senado emitirá el acuerdo, la convocatoria pública y designará al Comité Técnico de Evaluación conformado por “cinco personas de prestigio”: tres nombradas por los senadores y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Se establece que si el Senado no logra un acuerdo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará la designación en sesión pública, “de la columna correspondiente al género a elegir”.
Destaca que la designación de las personas integrantes de los OPLE entrará en vigor el 1 de septiembre de 2027 y “la legislación de las entidades federativas dispondrá lo relativo a la integración de los OPLE.
La propuesta de la Comisión Presidencial también prevé la eliminación de presupuesto a partidos políticos hasta en 25%, pero no a rajatabla, sino con base en una fórmula donde la votación recibida sustituya al padrón electoral, con ello sale ganando Morena en las asignaciones inmediatas.
La fórmula propuesta es que 48.75% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente sea multiplicado por el número de personas en el padrón electoral. En año electoral, el presupuesto aumentaría 50% después de aplicar la reducción.
En una proyección que presenta el documento, Morena tendría 3 mil 187 millones de pesos de presupuesto para el ejercicio 2027; contra los 2 mil 615 millones que recibirá este 2026.
En contraste, el PAN recibiría mil 581 millones de pesos el próximo año, cuando este 2026 recibirá mil 297 millones.
