La bancada del PRI en el Senado solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) cite a declarar al exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, luego de los señalamientos contenidos en el libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, donde se mencionan presuntos vínculos con operadores del huachicol fiscal.
El coordinador priista, Manuel Añorve, afirmó que las acusaciones no pueden quedar únicamente plasmadas en una publicación editorial y deben investigarse formalmente por la autoridad ministerial.
“Todo eso no puede quedar en el olvido o solamente escrito en un libro dicho por Julio Scherer (…) no es un asunto menor”, declaró el senador, quien pidió que no exista impunidad ante los señalamientos.
Añorve agregó que, según lo expuesto en el texto, existirían presuntas relaciones con Julio y Sergio Carmona —este último testigo protegido en Estados Unidos— en esquemas de huachicol fiscal y financiamiento de campañas políticas.
Hasta ahora, la FGR no ha informado si abrirá alguna carpeta de investigación ni si llamará a comparecer al exfuncionario.
Señalamientos también alcanzan programa de pensiones
El adelanto del libro, difundido por la revista Proceso el fin de semana, también refiere cuestionamientos al programa de “compensación vitalicia” para extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), establecido mediante un decreto en 2022.
La publicación sostiene que el esquema habría carecido de sustento jurídico y financiero, generado un pasivo cercano a 27 mil millones de pesos y provocado divisiones dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), además de un presunto uso político de recursos públicos.
Tras la difusión, se recordó que desde agosto del año pasado la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó sobre una investigación relacionada con las pensiones de LyFC. En ese momento señaló que algunos jubilados recibían hasta 140 veces más que el promedio nacional y que el gobierno subsidiaba el ISR de dichas pensiones con recursos públicos por 2 mil 367 millones de pesos.
Hasta el momento no existe confirmación oficial de una indagatoria en curso por parte de la FGR.
