La Fiscalía General del Estado reporta fallas técnicas desde el viernes y revisa sus sistemas; presuntos responsables publicaron pruebas y exigen rescate, lo que pone en peligro la información personal de miles de víctimas, testigos y servidores públicos.
Política12 de noviembre de 2025 Redacción
Un grupo internacional de ciberdelincuentes identificado en redes como Tekir APT se atribuyó este lunes la autoría de un ataque que, desde el pasado viernes, paralizó el sistema informático de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) y afectó la red interna de la dependencia. Según las publicaciones difundidas por los presuntos responsables en la plataforma X, los atacantes aseguran haber extraído y cifrado alrededor de 250 gigabytes de información sensible y piden un rescate para no filtrar los datos.
La afectación obligó a la Fiscalía a operar con procedimientos manuales y a mantener “trabajos técnicos de recuperación y verificación de daños”, según comunicados internos y reportes locales. Mientras tanto, el colectivo publicó supuestas pruebas del acceso y advirtió que, si no se paga el rescate, podría difundir el material, apuntan diversos medios que dieron seguimiento a la publicación.
En lo operativo, la suspensión de servicios digitales ha tenido impacto inmediato: personal de subprocuradurías y unidades administrativas reportó falta de acceso a expedientes y sistemas internos, lo que retrasa investigaciones, citatorios y atención a denuncias. Abogados y servidores consultados por la prensa señalaron que la falta de acceso complica el acceso a información de víctimas, testimonios y procedimientos en curso.
Hasta el momento la FGE no ha confirmado públicamente la extensión exacta del robo de datos ni si se establecerá contacto con los atacantes para negociar un pago; en comunicados internos la institución señaló que realiza revisiones preventivas de sus controles de seguridad para garantizar el funcionamiento óptimo de sus sistemas. Autoridades estatales han mantenido la investigación bajo reserva mientras evalúan la posible intervención de instancias federales especializadas.
Riesgos para miles de ciudadanos
La divulgación o uso indebido de bases de datos judiciales y administrativos implicaría un riesgo severo para miles de personas: víctimas de delitos, testigos, denunciantes, servidores públicos y personas vinculadas a investigaciones podrían ver expuesta su información personal (identificaciones, domicilios, declaraciones, pruebas periciales y comunicaciones internas). Esa exposición no sólo pone en riesgo la seguridad y privacidad de quienes aparecen en los expedientes, sino que también puede entorpecer procesos penales, poner en peligro a personas desplazadas por causas judiciales y afectar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
Expertos en ciberseguridad consultados por medios advierten que cuando se filtran datos de instituciones que manejan información sensible hay riesgos adicionales: suplantación de identidad, extorsiones a víctimas, ataques dirigidos contra testigos o servidores, y la posible manipulación de expedientes. Además, la publicación de datos judiciales puede solaparse con intereses de grupos delictivos que busquen información operativa.
Por ahora, la Fiscalía informó que revisa y fortalece controles y que se realizan trabajos técnicos para la recuperación. La comunidad jurídica y la sociedad civil han pedido transparencia sobre el alcance real del incidente, la rápida notificación a las personas cuyos datos pudieron verse afectados y la coordinación con instancias federales en ciberseguridad para la contención e investigación del hecho. Expertos recomiendan: notificar a los afectados, activar planes de respuesta —incluida la colaboración con la Secretaría de Seguridad federal y la Guardia Nacional si procede—, auditar accesos y respaldos, y ofrecer canales seguros para recibir y proteger denuncias y testimonios mientras los sistemas se restauran.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
Los vehículos importados desde China, Corea del Sur y la India serán los más afectados por el incremento de hasta un 50% en las tarifas, indican expertos del sector.
Colectivos civiles y agrupaciones de derechos humanos denuncian que el acueducto Solís-León, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Sheinbaum, despojará a miles de habitantes de sus recursos naturales.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.