Un grupo internacional de ciberdelincuentes identificado en redes como Tekir APT se atribuyó este lunes la autoría de un ataque que, desde el pasado viernes, paralizó el sistema informático de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) y afectó la red interna de la dependencia. Según las publicaciones difundidas por los presuntos responsables en la plataforma X, los atacantes aseguran haber extraído y cifrado alrededor de 250 gigabytes de información sensible y piden un rescate para no filtrar los datos.
La afectación obligó a la Fiscalía a operar con procedimientos manuales y a mantener “trabajos técnicos de recuperación y verificación de daños”, según comunicados internos y reportes locales. Mientras tanto, el colectivo publicó supuestas pruebas del acceso y advirtió que, si no se paga el rescate, podría difundir el material, apuntan diversos medios que dieron seguimiento a la publicación.
En lo operativo, la suspensión de servicios digitales ha tenido impacto inmediato: personal de subprocuradurías y unidades administrativas reportó falta de acceso a expedientes y sistemas internos, lo que retrasa investigaciones, citatorios y atención a denuncias. Abogados y servidores consultados por la prensa señalaron que la falta de acceso complica el acceso a información de víctimas, testimonios y procedimientos en curso.
Hasta el momento la FGE no ha confirmado públicamente la extensión exacta del robo de datos ni si se establecerá contacto con los atacantes para negociar un pago; en comunicados internos la institución señaló que realiza revisiones preventivas de sus controles de seguridad para garantizar el funcionamiento óptimo de sus sistemas. Autoridades estatales han mantenido la investigación bajo reserva mientras evalúan la posible intervención de instancias federales especializadas.
Riesgos para miles de ciudadanos
La divulgación o uso indebido de bases de datos judiciales y administrativos implicaría un riesgo severo para miles de personas: víctimas de delitos, testigos, denunciantes, servidores públicos y personas vinculadas a investigaciones podrían ver expuesta su información personal (identificaciones, domicilios, declaraciones, pruebas periciales y comunicaciones internas). Esa exposición no sólo pone en riesgo la seguridad y privacidad de quienes aparecen en los expedientes, sino que también puede entorpecer procesos penales, poner en peligro a personas desplazadas por causas judiciales y afectar la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia.
Expertos en ciberseguridad consultados por medios advierten que cuando se filtran datos de instituciones que manejan información sensible hay riesgos adicionales: suplantación de identidad, extorsiones a víctimas, ataques dirigidos contra testigos o servidores, y la posible manipulación de expedientes. Además, la publicación de datos judiciales puede solaparse con intereses de grupos delictivos que busquen información operativa.
Por ahora, la Fiscalía informó que revisa y fortalece controles y que se realizan trabajos técnicos para la recuperación. La comunidad jurídica y la sociedad civil han pedido transparencia sobre el alcance real del incidente, la rápida notificación a las personas cuyos datos pudieron verse afectados y la coordinación con instancias federales en ciberseguridad para la contención e investigación del hecho. Expertos recomiendan: notificar a los afectados, activar planes de respuesta —incluida la colaboración con la Secretaría de Seguridad federal y la Guardia Nacional si procede—, auditar accesos y respaldos, y ofrecer canales seguros para recibir y proteger denuncias y testimonios mientras los sistemas se restauran.
