Cinco notarías de Tabasco encabezadas por Adán Augusto López Hernández y cuatro de sus cercanos constituyeron empresas, dieron fe de compras de terrenos, inmuebles y acciones en otras compañías; también certificaron la modificación de accionistas y apoderados legales de al menos una decena de compañías que obtuvieron contratos con el gobierno federal y de Tabasco, con ganancias que ascendieron a por lo menos 11 mil millones de pesos.
Se trata de 10 empresas que, además de obtener contratos con el gobierno federal para construir infraestructura en Dos Bocas, carreteras y libramientos, construcción de oficinas y ductos, así como la realización de estudios y renta de maquinaria para Petróleos Mexicanos (Pemex), también vendieron equipo médico al IMSS-Bienestar.
Una de las empresas a la que la Secretaría de Energía —con Rocío Nahle a la cabeza— le otorgó un permiso para importar hidrocarburos a menos de un año de ser constituida fue sancionada e inhabilitada por el SAT, pues se le comprobaron prácticas relacionadas con el huachicol fiscal. Otra firma, que pertenece a un socio del hermano de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad estatal y supuesto líder del grupo criminal La Barredora, obtuvo contratos millonarios en Dos Bocas.
Otras alcanzaron jugosos convenios con Pemex apenas arrancó la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es el caso de la Constructora Elvic, constituida en 1985 en la notaría del padre de Adán Augusto López Hernández, Payambé López Falconi, y cuyo dueño es Víctor Hugo Pérez Olave. Fue hasta 2005 que Constructora Elvic comenzó a registrar sus movimientos ante la fe de Adán Augusto, pero desde el alta de su constitución se había mantenido como un negocio local, tenía contratos con el gobierno de Tabasco y, sobre todo, con los municipios de Centro y Comalcalco.
A finales de 2018 saltó a las grandes ligas y fue contratada por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes para repavimentar caminos federales en el municipio de Tlacotalpa, por 9 millones de pesos. En mayo de 2019 recibió su primer contrato con Pemex Exploración y Producción por un monto de 236 millones de pesos, según consta en registros de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El último contrato con Pemex se firmó a finales de 2023 por 986 millones de pesos, para la construcción de oficinas e instalaciones de zona de pruebas en Tabasco.
Otra empresa con estas características es Gravera Río Puxcatán, de Humberto Bermúdez Requena. Pasó de ser un proveedor estatal a obtener —entre 2021 y 2025— contratos por más de 46 millones de pesos con Pemex, y hasta de 16 millones con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), según corroboró EL UNIVERSAL.
Una más es Escudero Construcciones —de Andrés Escudero Aguilar, constituida en 2000 en la Notaría 27— que junto a Constructora Elvic ganó la licitación por 986 millones de pesos con Pemex para construir oficinas y una zona de pruebas en Tabasco. Además, Escudero Construcciones figura como accionista en Grupo Industrial Samaria y en Inmobiliaria y Constructora Samaria, propiedad de Humberto Bermúdez Requena, al igual que Gravera Río Puxcatán. En 2024, Escudero Construcciones recibió un contrato por 969 millones de pesos en la obra del libramiento de Villahermosa. Las tres empresas en las que Humberto Bermúdez aparece como socio han llevado acciones ante la fe notarial de Adán Augusto; por ejemplo, ante él se dio la asamblea en la que Hernán Bermúdez Requena y Manuel Santandreu asumieron cargos en el consejo de administración de Grupo Industrial Samaria. En julio pasado, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentó la manera en que Santandreu, presidente de Grupo Huerta Madre, se asoció con empresas de los Bermúdez Requena y recibió un contrato exprés por 6 mil millones de pesos en la refinería de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco.
Tanto Inmobiliaria y Constructora Samaria como Grupo Industrial Samaria fueron constituidas en el año 2000 por Humberto Bermúdez ante la Notaría 15, de la que Gonzalo Oyosa Zapata era titular. El pasado 6 de octubre, el notario renunció a el fiat notarial concedido en 1982, y el día 15, el gobernador Javier May Rodríguez concedió el cierre de la misma.
Consorcio Crismar, S.A. de C.V., también es señalado en la causa penal 386/2025 de la Fiscalía General de la República (FGR), que llevó a la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, con los alias Comandante H y El Abuelo.
Según las operaciones de Consorcio Crismar en el Registro Público de Comercio, uno de sus accionistas es Carlos Tomás Díaz Rodríguez, El Licenciado Tomasín, señalado en el expediente judicial y en documentos de Guacamaya Leaks como el segundo al mando de La Barredora, y en la dependencia que Bermúdez Requena encabezó en el gobierno de Adán Augusto López Hernández.
Consorcio Crismar se constituyó en abril de 2001 en una notaría del municipio de Cárdenas, Tabasco, pero su siguiente operación se registró en septiembre de ese mismo año en la Notaría 27 de Villahermosa, de la que Adán Augusto es el titular. La empresa está ligada con la compra y construcción con alto impacto ambiental de terrenos en el fraccionamiento Lomas de Bella Vista, en la capital tabasqueña.
En 2009 se dio de alta a Hernán Bermúdez Requena como uno de sus socios, en la Notaría 30, donde el actual diputado de Morena, Jaime Humberto Lastra Bastar, es el titular. Tanto López Hernández como Lastra Bastar recibieron sus notarías al concluir el sexenio de Manuel Gurría, administración en la que se desempeñaron como subsecretarios en la Secretaría de Gobierno, a cargo de Enrique Priego Oropeza.
En la causa penal 386/2025 también se menciona a Constructores Aprobados como una de las empresas ligadas a Hernán Bermúdez, y a través de la cual se compraron terrenos de manera irregular, tanto en Tabasco como en Yucatán.
Los documentos del Registro Público de Comercio consultados por EL UNIVERSAL dan cuenta de que a partir de 2008 Constructores Aprobados es un cliente frecuente de la Notaría 30 de Jaime Lastra, pero la causa penal menciona que las escrituras de un terreno en Yucatán se firmaron en la Notaría 29, donde Narciso Oropeza Andrade era notario titular hasta 2019.
En 2020 Oropeza Andrade fue nombrado secretario de Movilidad y a cargo de la Notaría 29 quedó su hijo Ramón Oropeza Lutzow. Enrique Priego le otorgó esa notaría en 2001, cuando fue gobernador interino.
Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, de la que Humberto Bermúdez Requena es socio, también ha sido cliente frecuente de la Notaría 29. A través de esta empresa se han establecido múltiples casas de apuesta y casinos en la península. También ha tramitado poderes y cambios de apoderados legales en la notaría de Adán Augusto López, desde 2017.
Electromecánica y Construcción Domex del Sureste —que pertenece a Rodolfo Ramos Robelo y a los hermanos Carlos y Jorge Domínguez Hernández— también ha sido cliente de la Notaría 29. Esta empresa destaca entre los contratistas más recientes del gobierno federal, pues apenas a cinco años de su constitución (en 2020) ha recibido al menos siete contratos millonarios.
Uno de ellos se firmó en 2023 con el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), por 638 millones de pesos; uno más lo obtuvo en 2024 con Pemex, por 448 millones de pesos, y otro se firmó también con la petrolera en 2025, por 222 millones de pesos.
Otra notaría involucrada en esta red es la de Miguel Cachón Álvarez, titular de la Notaría 4 hasta agosto de 2024, cuando su hijo Manuel Alejandro Cachón Silván tomó las riendas. Las operaciones de Consorcio Crismar con esta se hicieron en 2023.
Cachón Silván no sólo dio fe de poderes otorgados a los representantes de Consorcio Crismar, una de las empresas ligadas a Hernán Bermúdez en el expediente judicial que llevó a su detención; fue también el notario que constituyó Portacelis Gas and Oil, a nombre de Miguel Ángel Aparicio y a través de la cual se asoció con Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, firma a nombre de su sobrino Amílcar Olán Aparicio.
Tan sólo un año después de su creación y de haber obtenido el permiso de la Secretaría de Energía para importar aditivos, Portacelis Gas and Oil fue sancionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presunto fraude al introducir al país combustible sin declararlo como lo que era, es decir, huachicol fiscal.
Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis fue constituida como empresa ante la fe de Ramón Oropeza Lutzow en la Notaría 29, donde su padre dio fe de las operaciones de Constructores Aprobados y Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, empresas ligadas a los hermanos Bermúdez Requena.
En 2020, Ramón Oropeza Lutzow constituyó la empresa Romedic, la firma de Amílcar Olán Aparicio señalada por sostener contratos a sobrecosto con el IMSS-Bienestar durante la pandemia de Covid-19. Las operaciones comerciales fueron de hasta 300 millones de pesos.
Olán constituyó sus empresas Aman Desarrollos y JAOA Corporativo en 2025, con el notario público 4 de Villahermosa, Manuel Alejandro Cachón. Ha sido señalado por supuestamente ser amigo de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador.
