De acuerdo con los datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), entre 2019 y 2025 el gasto ejercido a través del Ramo 08 “Agricultura y Desarrollo Rural”, que concentra la mayoría de los programas de apoyo directo a productores, ha representado apenas 0.84 % del gasto neto total anual.
Política27 de octubre de 2025
Leticia Aguayo Soto
En medio de las movilizaciones convocadas este lunes por organizaciones de agricultores en todo el país, en demanda de mejores precios de garantía y mayores apoyos al sector rural, cifras oficiales muestran que en los últimos siete años el Gobierno de México ha destinado, en promedio, menos del 1 % del gasto público federal al campo.
De acuerdo con los datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), entre 2019 y 2025 el gasto ejercido a través del Ramo 08 “Agricultura y Desarrollo Rural”, que concentra la mayoría de los programas de apoyo directo a productores, ha representado apenas 0.84 % del gasto neto total anual.
En 2019 el presupuesto al campo alcanzó 65 mil 434 millones de pesos, equivalentes al 1.13 % del gasto federal, pero la proporción disminuyó en los años siguientes y se ha mantenido por debajo del 1 %. Para 2025, el proyecto de presupuesto plantea 73 mil 600 millones de pesos, es decir, 0.79 % del total nacional.
Expertos en política agroalimentaria advierten que, si bien estos recursos no incluyen otros programas dispersos en distintas dependencias, como Bienestar o Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el monto sigue siendo reducido frente a la magnitud de los retos del sector rural, que enfrenta rezagos de infraestructura, bajos ingresos y dependencia de importaciones.
En términos macroeconómicos, el sector primario —que agrupa agricultura, ganadería, pesca y silvicultura— aporta cerca del 3.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Si se considera toda la cadena agroalimentaria, incluyendo la industria de procesamiento y distribución de alimentos, la contribución se eleva hasta 11–12 % del PIB, según estimaciones de INEGI y organismos especializados.
No obstante, la autosuficiencia alimentaria del país ha retrocedido. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el coeficiente de autosuficiencia nacional bajó de alrededor de 75 % en 2018 a 69.5 % en 2022, lo que significa que México produce internamente siete de cada diez alimentos que consume.
Las protestas de este lunes, encabezadas por campesinos, ganaderos y organizaciones agrícolas de distintas entidades, buscan llamar la atención sobre lo que consideran un abandono del campo mexicano. Entre sus principales exigencias destacan la revisión de los precios de garantía, la entrega oportuna de fertilizantes, la reactivación de programas productivos y un mayor presupuesto para el sector agropecuario en el PEF 2026.
Los manifestantes sostienen que la falta de apoyo amenaza la seguridad alimentaria del país y acelera la migración rural. “El campo está al límite; los precios no alcanzan, los apoyos desaparecen y cada año se destina menos al productor”, expresaron representantes de las organizaciones convocantes.
Mientras tanto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ha defendido que los programas prioritarios han logrado focalizar mejor los recursos en pequeños productores y regiones con alta marginación, aunque reconoce que los costos de producción y los efectos del cambio climático presionan la rentabilidad del sector.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
Los vehículos importados desde China, Corea del Sur y la India serán los más afectados por el incremento de hasta un 50% en las tarifas, indican expertos del sector.
Colectivos civiles y agrupaciones de derechos humanos denuncian que el acueducto Solís-León, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Sheinbaum, despojará a miles de habitantes de sus recursos naturales.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.