Llaman a garantizar pensión para personas con discapacidad permanente

El grupo parlamentario del Partido MORENA presentó un punto de acuerdo de obvia resolución para exhortar a la titular del Poder Ejecutivo, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que en el ámbito de sus atribuciones asigne dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 las asignaciones presupuestales necesarias a fin de garantizar el derecho constitucional de las personas con discapacidad para recibir una pensión no contributiva.

De igual manera, para que emprenda las acciones de coordinación necesarias con el gobierno federal, a fin de formalizar un Convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

Para hablar a favor de la obvia resolución hicieron uso de la tribuna la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo y el diputado Antonio Chaurand Sorzano.

Aguilar Castillo manifestó que la pensión para las personas con discapacidad ya está en la Constitución local y que ahora solo falta que el gobierno del Estado cumpla lo que ya está escrito y salde la deuda con dicho sector que se tiene desde el sexenio pasado.

Agregó que el gobierno federal ya apoya a 48 mil personas con discapacidad en Guanajuato, pero que el problema es la falta de cobertura para 95 mil personas que aún están esperando ser parte de los apoyos en los que el gobierno del Estado se comprometió a darles desde la administración anterior.

Finalmente, comentó que se requiere que la gobernadora firme nuevamente el acuerdo con la federación y se comprometa a apoyar a las personas que faltan de la pensión y que se le invierta recurso en el presupuesto de 2026.

Por su parte, el congresista Antonio Chaurand Sorzano refirió que cuando hay verdadera voluntad política, los obstáculos se convierten en oportunidades, por lo que instó a que se firmara el convenio y se destinara un presupuesto, porque voluntad sin dinero era demagogia.

La obvia resolución no fue aprobada, por lo que la propuesta se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.