El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Universidad de Guanajuato, en su carácter de organismo autónomo, a que analice la viabilidad presupuestaria para implementar un sistema de estancias y viviendas universitarias en las ciudades y localidades donde tiene presencia con sedes, divisiones o campus.
Política17 de octubre de 2025 Redacción
El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Universidad de Guanajuato, en su carácter de organismo autónomo, a que analice la viabilidad presupuestaria para implementar un sistema de estancias y viviendas universitarias en las ciudades y localidades donde tiene presencia con sedes, divisiones o campus.
El diputado Rodrigo González Zaragoza presentó la propuesta y comentó que el acceso a la vivienda mediante arrendamiento se ha consolidado como una condición indispensable para la vida estudiantil en Guanajuato, un estado que alberga miles de estudiantes universitarios.
Señaló que la permanencia de la vivienda en arrendamiento es una modalidad en tendencia que desempeña un papel fundamental dentro de la problemática habitacional, como es el caso de la ciudad de Guanajuato, que enfrenta un fenómeno particular que agrava la crisis de la vivienda, especialmente entre la población estudiantil.
González Zaragoza aseveró que en el caso de los jóvenes ya no encuentran propiedades económicas para vivir porque los propietarios prefieren destinarlas a Airbnb y que la dependencia estatal Juventudes documentó que un 49% de rechazo a rentar un cuarto a personas jóvenes en Guanajuato.
En este sentido, mencionó que la Universidad de Guanajuato, como institución rectora de la educación superior en la entidad, enfrenta el imperativo estratégico de abordar las condiciones materiales que enmarcan la vida académica de su estudiantado.
Para finalizar, destacó que desde La Bancada Naranja se reveló que casi la mitad de la población estudiantil destina entre $2,500 y $3,500 mensuales al pago de alquiler, por lo que un estudiante que carece de esa estabilidad ve comprometida su capacidad para ejercer otros derechos, entre ellos, el derecho a la educación superior de calidad.
El punto de acuerdo se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura.
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