Mataron de ocho disparos al hermano de Jaqueline en un rancho de Irapuato, en el centro de México, y como su madre se atrevió a denunciarlo, a los 15 días, también la mataron a ella. Hacía unos años que habían asesinado a su padre. Así, este 14 de agosto, esta adolescente de 18 años se quedó sola. En julio, hombres armados irrumpieron en la casa de Eva María Vázquez, ejecutaron en su habitación a su hijo Jaime González y, de paso, se llevaron a su esposo, el buscador Francisco Arias, conocido como Panchito. No ha vuelto a saber de él. También por entonces encontraron La Calera, una fosa clandestina masiva: habían dejado 32 cuerpos desmembrados en el patio de una casa abandonada. Pedro Rodríguez, que sobrevivió a un intento de homicidio el año pasado, vio en junio como en una calle paralela a la suya, entraron a un bar y acribillaron a 12 personas. “A todos los acabaron”.
En Guanajuato, un Estado de poco más de seis millones de habitantes, se registran el 11,6% de todos los asesinatos del país. Es desde el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum una prioridad nacional. Ahora el Gobierno estatal y el federal identifican a la entidad como una de las más representativas de la presumida reducción de homicidios en México. El secretario de Seguridad estatal, Mauro González, cree que han logrado “lo que se pensaba imposible”. Los carteles oficiales, colocados en vehículos y en espectaculares por todas partes, anuncian que la disminución de homicidios ha llegado hasta el 60%. El Gobierno insiste con sus cifras, mientras en las sobremesas insisten con sus muertos.
México ha vivido su primer año con una mujer al frente. Claudia Sheinbaum ha consolidado una estrategia de Seguridad de la mano del todopoderoso secretario federal Omar García Harfuch. La apuesta por dar mayor poder a la policía civil (frente a las Fuerzas Armadas) y por invertir en investigación e inteligencia, unida a un aumento radical de las detenciones (han sido 32.000 arrestos en menos de un año), ha permitido a la presidenta ofrecer una cifra: los homicidios se han reducido un 32% en su Administración. Las 87 víctimas diarias que se registraban en septiembre de 2024 han pasado a ser 60 este agosto. Fuera de la media, el Gobierno federal ha presentado a algunas entidades como casos de éxito: a Zacatecas, que ha reducido un 82% el número diario de asesinatos en ese período; a San Luis Potosí, con un 71%; a Nuevo León, con un 63%, o a Guanajuato, con el 41%.
El respaldo desde Palacio Nacional ha sido definitivo para Guanajuato, que es de los pocos Estados del país en manos de la oposición. La gobernadora del PAN, Libia García Muñoz, ganó en 2024 con la promesa de cambiar a la polémica cúpula de seguridad estatal y de reducir a la mitad la altísima cifra de asesinatos. Ahora, ni aquí ni allá se esconde que la colaboración entre los dos niveles de Gobierno ha sido clave para presentar los nuevos resultados. “El éxito ha sido también la confianza que se ha generado con las autoridades que están a nivel central, en Ciudad de México. Eso es fundamental”, apunta Mauro González: “La estrategia nacional y la estrategia estatal van de la mano”.
El secretario de Seguridad, que se formó en la Policía Federal con García Harfuch, enlista los otros factores detrás de este milagro. Se ha creado una subsecretaría de 250 policías destinados a la investigación —en México normalmente quienes investigan son los agentes ministeriales de las Fiscalías, que están rebasadas de casos—, están apostando por una “policía que previene casos”, han llevado a cabo más de 3.000 detenciones (45 de ellas de generadores claves de violencia), y han puesto sobre la mesa todos los datos que tienen para compartirlos con otras instituciones: “Eso nos permite evitar muchísimos delitos”. Todo —insiste el funcionario— con los mismos recursos que tenía antes la dependencia, que no ha cambiado de partido político.
González cuenta esto dentro de la sala de crisis que tiene el Gobierno en el complejo del c5i (Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia), frente a una pared circular, del tamaño de un cine, donde se ven las imágenes en tiempo real de las miles de cámaras que vigilan la entidad. “Tenemos que atacar a la delincuencia, tenemos que ser frontal con la delincuencia y yo creo que aquí el tema es hacer equipo”, afirma. Al salir de esa entrevista habían asesinado a uno de los jefes regionales de la Fiscalía, Juan Alberto Camarillo, a quien habían acribillado a balazos y tirado su cuerpo al costado de una carretera.
“Día violento”, gritaban en mayúsculas después los periódicos locales de Irapuato: “Ultiman a tres y levantan a otros tres”. El conteo de los medios cerró ese día con ocho ejecutados en el Estado: algunos “torturados y encostalados”; otros en bolsas debajo de un tobogán en un parque infantil; asesinados dentro de sus casas y de sus negocios, o flotando en el río Silao. Una jornada cotidiana en un Estado en el que desde enero han sido asesinadas más de 1.900 personas.
Guanajuato vivió su escalada criminal entre 2017 y 2018. Los desaparecidos pasaron de 620 a más de 2.100; los homicidios y las masacres se dispararon. Esta zona industrial, atravesada por dos de las carreteras más importantes del país, es un lugar clave geográficamente para el trasiego de drogas, armas y personas hacia el norte, por el que pasan también los ductos de combustible, lo que ha propiciado un lucrativo negocio alrededor del robo de hidrocarburos, conocido como huachicol.
En el llamado triángulo del huachicol —Salamanca, Celaya e Irapuato— hace unos ocho años que la violencia se hizo extrema. El Cartel de Santa Rosa de Lima, que “nació en el Estado, ante los ojos de todas las autoridades, para la extracción de hidrocarburos, se diversificó y se paramilitarizó”, explica el investigador Fabrizio Lorusso, de la Universidad Iberoamaricana de León. El grupo local decidió entrar a la extorsión, a la trata de personas, al tráfico de migrantes y al narcomenudo. Esto implicaba enfrentarse al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México, para “apoderarse de los negocios criminales de una de las zonas más boyantes del país, que ha crecido incluso al doble de la tasa nacional en el pasado, que es el Corredor Industrial, que conecta el Bajío con Guadalajara y Querétero”, detalla Lorusso. La batalla empezó entonces y todavía sigue.
“Mi hermano fue uno de los primeros muertos”, cuenta Yadira, de ahora 36 años. A Christian, que trabajaba como ganadero, se lo llevaron junto a su camioneta el 28 de noviembre de 2017. Tenía 25 años y un bebé. Su hermana supo que era él desde que encontraron un cuerpo tirado en un camino cerca de su lugar de trabajo. “Veníamos de una ciudad muy tranquila”, cuenta, “ahora es más raro el día que no hay nada”. Esos primeros cadáveres anunciaban un cambio radical de la vida diaria en esta ciudad de barrios extensos, con casitas bajas, donde viven 600.000 habitantes.
“Yo tengo dos hijos y no los dejo salir a la calle. La actividad que quieran, pero dentro de la casa. Los llevamos y recogemos de la escuela y a casa”, confiesa la mujer, que relata que en cuanto cae la tarde la vida en la ciudad se apaga. Esta semana hubo una balacera en un restaurante “muy familiar”, que frecuentaban mucho, también mataron a una embarazada en una tienda. “Mi hija, que tiene 10 años, me dijo: ‘Mamá, ya no hay que ir a ningún lado”.
“Ya me tocó”, le dijo Pedro Rodríguez a su esposa llorando en una camilla el 17 febrero del año pasado. Este hombre de ojos grandes, tristes, que fue cabo en el batallón de caballería, cuenta que estaba acompañando a su hijo, que es sastre de pantalones, a recoger unas telas. Cerca de ese lugar siempre había venta de drogas y muchos muchachos apostados cerca. Ese día, Rodríguez metía en el maletero las piezas cuando oyó los disparos. El modus operandi es el habitual: van dos hombres en una moto, uno se baja armado y dispara, el otro espera con el vehículo encendido. Fue este último el que distinguió a Rodríguez, de 60 años, paralizado ante la escena. Lo había visto todo. Después de dejar varios muertos en el suelo, el conductor lo señaló directamente. Este señor humilde solo alcanzó a cerrar la cajuela y tratar de lanzarse hacia dentro de la primera casa. Sintió estallar el pie, la pierna. Había recibido seis balazos.
Sin dinero para pagar una ambulancia o un centro privado, su familia lo llevó al hospital civil más barato, donde lo tuvieron en la caseta de los guardias, hasta que estos también lo echaron: “Les daba miedo que vinieran a rematarme”. Después de muchas intervenciones, Pedro se salvó y ahora pelea para que la Fiscalía reclasifique su delito de lesiones (“no fue solo un rozón, como ellos dicen”) a intento de homicidio, y lo reconozca como víctima, para que pueda recibir alguna compensación. Mientras tanto no puede manejar las máquinas de coser con las que ayudaba a su hijo, ni ir con su bicicleta a la central de abastos para comprar fruta y poder venderla en el mercado, tampoco manejar como chófer, cuenta antes de alejarse con su bastón.
Para la situación de Irapuato, Pedro Rodríguez tuvo suerte. En lo que va de año han sido asesinadas 137 personas, fueron 262 en 2024 y 219 en 2023. “Pueden matar a cualquiera”, dice cada entrevistado. Detrás de esa afirmación se esconde el terror. Jaqueline (nombre ficticio por seguridad) supo que iban a matar a su hermano antes de que pasara. Le habían avisado en su barrio que había dos hombres que lo buscaban. “Toda la gente supo perfectamente quienes fueron, no estaban tapados ni nada. Ya tenían otros problemas con la justicia por asaltos”, relata la adolescente. Por eso su madre se decidió a poner una denuncia. Desde entonces empezaron a seguirlas y hostigarlas, ellas dieron aviso a las patrullas. Nadie reaccionó a tiempo.
En la tarde del 14 de agosto, su madre salió hacia la tienda del barrio y recibió un disparo directo a la cabeza. “Quedó boca abajo, se miraba como si se hubiera caído, como si se hubiera tropezado, como si estuviera desmayada”, cuenta su hija, “yo llegué y de la impotencia, la abracé. Le dije: ‘Mami, despiértate”. Jaqueline ya no quiso denunciar el asesinato de su madre —aunque la Fiscalía debe investigarlo de oficio—. Aún así vive atemorizada en la casa de un familiar, mientras trata de que su hermana, que vive en Estados Unidos, pueda hacer los trámites para llevarla allá con ella: “Desde allí sí me atrevería a denunciar”.
Jaqueline, Pedro y Yadira forman parte de Una luz en el camino, el colectivo —que ya representa 1.200 casos de homicidio y 100 de desaparición de Irapuato y alrededores— que formó Norma Patricia Barrón después de que secuestraran a su hijo Kevin y a su esposo Juan en 2019. Pagó un millón de pesos de rescate y nunca se los devolvieron. La lucha de Barrón consiguió llevar a la cárcel a un autor intelectual y a dos materiales, que pertenecían al CJNG. Desde entonces vive protegida por dos patrullas de la Guardia Nacional, que la acompañan en cada búsqueda. En un patio antes de que caiga la lluvia, relata los últimos hallazgos: en una misma calle de la ciudad, de varias casas de seguridad del crimen organizado, sacaron 30 cuerpos. “No, es imposible que vayamos mejor, si acaso, peor”, concluye.
Esos hallazgos del terror son parte de lo que impiden a la población sentir que la seguridad avanza, reflexiona Fabrizio Lorusso, que está especializado en desapariciones. “La percepción de seguridad empeoró también por el impacto terrorífico de muchos actos atroces, como fosas clandestinas, desapariciones masivas o masacres, que no han bajado”, apunta el académico de León: “En el mapa nacional de atrocidades, Guanajuato aparece en los primeros lugares. Eso nos habla una descomposición y una continuidad del fenómeno criminal más brutal”.
Lorusso, además, indica que las cifras siempre atañen una “problemática”: “La reducción de homicidios va variando según el corte de período que se haga. Si elijo el mes más alto y lo comparo con el más bajo, la reducción será mayor”. El investigador, que también es fundador de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, pone sobre la mesa otros datos: ya son más de 5.100 desaparecidos en el Estado, 150 fosas clandestinas encontradas y una impunidad casi total en todos los casos. Ninguna de las personas con las que ha hablado este periódico ha recibido un avance en sus carpetas de investigación en estos años.
