La funcionaria deja la Secretaría del Trabajo para reemplazar a Adán Augusto López en la cartera más importante del Gobierno Federal
Política20 de junio de 2023 Redacción
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha nombrado a la actual secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, como titular de la Secretaría de Gobernación, en el lugar de Adán Augusto López, que la semana pasada dejó esa cartera para participar en la contienda interna de Morena por la candidatura presidencial.
El mandatario federal ha anunciado el nombramiento en el gabinete este lunes durante su conferencia diaria en Palacio Nacional. Aún no se conoce quién reemplazará a Alcalde en la Secretaría del Trabajo, cargo en el que ha estado desde el inicio del sexenio, en diciembre de 2018. “Luisa María Alcalde es joven. Es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes. Además, es abogada, ya fue legisladora, [hizo] muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo, con ella se consiguió que aumentaran los salarios mínimos”, ha dicho López Obrador.
La funcionaria ha agradecido el nuevo encargo del presidente y la confianza depositada en ella. “Será, sin duda, el honor de mi vida acompañarlo desde esa nueva responsabilidad en esta última etapa fundamental para la consolidación de la transformación”, ha escrito en Twitter. Esta nueva sustitución es una consecuencia directa del juego de las corcholatas presidenciales, una pugna de baja intensidad en la que varios altos funcionarios han dejado sus cargos públicos para hacer campaña durante poco más de dos meses, de cara a la encuesta con la que Morena, el partido de López Obrador, elegirá a su candidato presidencial.
Alcalde, de 35 años, es miembro de una familia de militantes en la izquierda muy cercanos a López Obrador. Su padre es el prominente abogado laboral Arturo Alcalde, impulsor del sindicalismo y asesor de diversas organizaciones obreras. Su madre, la contadora Bertha Luján, fue titular de la Contraloría del Gobierno de Ciudad de México durante la Administración de López Obrador en la capital (2000-2006), y posteriormente integrante de la dirigencia de Morena, el partido que el líder izquierdista fundaría en 2014. La hermana de Luisa Alcalde, Bertha, ha sido funcionaria del Gobierno federal en la Secretaría de Seguridad y en la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, y hace unos meses fue la apuesta —sin éxito— de López Obrador para integrar el Instituto Nacional Electoral (INE), en un momento de fuertes tensiones a causa de las reformas electorales impulsadas por el Gobierno.
La trayectoria de sus padres catapultó a la arena política a Luisa Alcalde, que es licenciada en Derecho por la UNAM. Antes de convertirse en servidora pública, Alcalde participó activamente en la formación de cuadros de apoyo a López Obrador en las universidades. En 2011 ganó un mayor reconocimiento por aparecer en uno de los primeros promocionales de Morena, que antes de ser partido fue una asociación civil con fines políticos. En 2012, de la mano del empuje de López Obrador, que intentaba por segunda ocasión convertirse en presidente de la República, Alcalde llegó al Congreso como diputada federal (2012-2015), en la primera mitad del Gobierno de Enrique Peña Nieto, un periodo difícil para la oposición, pues el PRI había logrado reagruparse tras dos sexenios fuera de la Presidencia y coptar a todos los partidos por medio del “Pacto por México”.
Como secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde ha participado en negociaciones y transformaciones institucionales de gran calado. Bajo su gestión se aprobó la reforma que prohíbe la subcontratación (outsourcing), lo que trajo un aumento en la cantidad de trabajadores que cotizan en el seguro social y con prestaciones laborales; también se concretó el TMEC, que tiene un componente laboral que implica avances para la democracia sindical de los obreros mexicanos; de igual modo, a tono con López Obrador, ha facilitado un aumento al salario mínimo sin precedentes.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
A la fecha, se han alcanzado ya las 1 mil 166 intervenciones integrales y 4 mil 050 apoyos en gestiones.