Estados Unidos acusa a dos empresarios mexicanos de sobornar a funcionarios de Pemex

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a dos empresarios mexicanos por presuntamente haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex a fin de asegurar contratos millonarios con la petrolera estatal. Los empresarios señalados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ambos mexicanos afincados irregularmente en Texas, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia. La dependencia estadounidense sostiene que los sobornos fueron recibidos por “al menos” tres funcionarios de Pemex Exploración y Producción (PEP), la filial de la paraestatal dedicada al trabajo directo en los campos petroleros. Los nombres de los funcionarios implicados no fueron expuestos.

Washington acusa a ambos empresarios de conspirar para pagar alrededor de 150.000 dólares (2,8 millones de pesos) en sobornos a los directivos de Pemex “a fin de obtener y retener negocios con PEP para compañías ligadas a Rovirosa”. Según el Departamento de Justicia, los pagos ayudaron a dichas empresas a ganar contratos con valor de 2,5 millones de dólares (46,6 millones de pesos). De acuerdo con la acusación, entre 2019 y 2021, Rovirosa, Ávila y otras personas vinculadas a ellos presuntamente pagaron sobornos “en la forma de bienes de lujo, incluyendo algunos de Luis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros objetos de valor” a los tres funcionarios de Pemex. El Gobierno estadounidense agrega que Rovirosa, de 46 años, quien ya ha sido capturado, “presuntamente tiene nexos con integrantes de carteles mexicanos”. En cuanto a Ávila, de 61 años, ha precisado que se encuentra prófugo.

Los dos empresarios mexicanos han sido acusados con base en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), a la que el Gobierno de Donald Trump busca dar un nuevo impulso en su objetivo de atacar no solo a los carteles del narcotráfico fuera de EE UU sino también a las redes de políticos y funcionarios corruptos que permiten su operación. Washington suele aplicar la FCPA cuando considera que, mediante prácticas de corrupción, se abre la puerta a una competencia desleal que afecta las inversiones de empresas estadounidenses en el extranjero.

“Los acusados, extranjeros residentes en Estados Unidos, presuntamente han sobornado a oficiales mexicanos a fin de manipular procesos de licitación para asegurar millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”, ha indicado el fiscal Matthew R. Galeotti, de acuerdo con el comunicado. “Esta acusación debe enviar un claro mensaje de que la División Penal [del Departamento de Justicia] no tolerará a aquellos que enriquecen a funcionarios corruptos en beneficio personal y en detrimento del libre mercado”, ha agregado. El Departamento de Justicia indica que Rovirosa y Ávila podrían enfrentar una pena de cinco años de prisión por cada cargo presentado en su contra.

La petrolera mexicana no se ha pronunciado sobre el comunicado del Departamento de Justicia. El bombazo de la Administración Trump ha llegado en la enésima crisis financiera de Pemex, que padece un enorme endeudamiento con sus contratistas. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha creado un fondo de contención con el que busca que la paraestatal comience a ser autosuficiente y deje de representar un boquete financiero para la Hacienda mexicana.