En sesión de la Comisión de Salud Pública se aprobó el dictamen, en sentido negativo, de dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. Una buscaba establecer como obligación del Estado la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como de interrupción legal del embarazo; y la otra, reconocer el derecho a la autonomía reproductiva para establecer su garantía, a través de la obligación del Estado para la prestación de los servicios de interrupción del embarazo.
Política27 de mayo de 2025 Redacción
En la sesión de la Comisión de Salud Pública, se aprobó un dictamen en sentido negativo sobre dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. Una de estas propuestas buscaba establecer como obligación del Estado la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción legal del embarazo. La otra iniciativa proponía reconocer el derecho a la autonomía reproductiva, garantizando la prestación de servicios para la interrupción del embarazo.
El diputado Antonio Chaurand Sorzano expresó su oposición al dictamen, citando que en México se realizan anualmente abortos, tanto legales como ilegales, y que las estadísticas indican que la tasa de aborto inducido es alrededor de 33 por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años.
Chaurand argumentó que el aborto es un asunto de salud pública y, aunque se puede prevenir, los abortos peligrosos son una de las principales causas de morbimortalidad materna, generando complicaciones físicas y psíquicas, así como prejuicios sociales y económicos para las mujeres, sus comunidades y los sistemas de salud.
Señaló que el impacto de los abortos inseguros sería fácilmente prevenible mediante leyes más permisivas y servicios de salud accesibles, con personal capacitado y los insumos adecuados. Esto podría reducir significativamente los costos derivados de las complicaciones por abortos realizados en condiciones inseguras.
Subrayó que penalizar el aborto no inhibe su práctica. Al contrario, las restricciones legales conducen a abortos inseguros, aumentando la morbimortalidad al no contar con proveedores calificados y condiciones higiénicas adecuadas.
Chaurand enfatizó que limitar legalmente el aborto no disminuye su frecuencia, sino que impulsa a las mujeres a buscar métodos inseguros. La falta de acceso a una atención segura para el aborto constituye un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos.
Finalmente, aclaró que su postura no tenía que ver con la moralidad política sobre el aborto, sino que se trataba de una cuestión médica que requería atención. Además, solicitó que su argumentación, así como las presentadas por otros miembros de la comisión en la sesión anterior, se incluyeran en las consideraciones del dictamen.
En la reunión participaron las diputadas Noemí Márquez Márquez, Angélica Casillas Martínez, Luz Itzel Mendo González y Miriam Reyes Carmona, junto con el diputado Antonio Chaurand Sorzano y el legislador Roberto Carlos Terán Ramos.
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