El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México formuló una iniciativa de reforma al Código Penal estatal con el objeto de incrementar la sanción de los delitos de robo y despojo cometidos en detrimento de los bienes de las personas adultas mayores y discapacitadas.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero refirió que si bien todas las personas pueden estar en riesgo de que sus derechos sean violados existen ciertas características o condiciones que enfrentan determinados sectores de la población a presentar mayor vulnerabilidad.
Manifestó que, actualmente el Código Penal estatal solo en una ocasión hace referencia a las condiciones de vulnerabilidad y específicamente a los delitos de violencia política en contra de la mujer.
Agregó que, los adultos mayores son aquellas personas que tienen sesenta años o más y que hablar de este grupo es de gran relevancia e interés social, porque tiene un crecimiento anual del 4%. Apuntó que, se ha considerado que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones precarias de trabajo y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social.
En cuanto a las personas con discapacidad, indicó que no es la persona con discapacidad en sí misma quien debe ser adaptada al medio o contexto, sino que debe ser dicho contexto quien se adapte a la persona, y que es evidente que un trato jurisdiccional preferente resulta del todo justificado tratándose de personas con discapacidad.
El congresista señaló que la diferencia entre robo y despojo radica principalmente en el tipo de bien afectado y en la forma en que se comete el acto; el robo cuando una persona toma un bien mueble que no le pertenece, y el despojo cuando una persona invade, ocupa o se apodera de un inmueble o derecho real ajeno, sin consentimiento y afecta inmuebles o derechos sobre inmuebles.
“El robo y el despojo de bienes de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, es un problema grave en nuestro estado, por lo que es nuestro deber trabajar todavía muy intensamente por el bien de los grupos vulnerables y de la sociedad guanajuatense”, subrayó.
Finalmente, señaló que se propone aumentar parala punibilidad de la mitad del mínimo a la mitad del máximo, cuando el sujeto pasivo sea persona adulta mayor o persona con discapacidad o cualquiera otra circunstancia no esté en condiciones de resistir la conducta delictuosa.
“En Guanajuato, es necesario aumentar la sanción de los delitos de robo y el despojo de bienes de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, en atención a la especial protección que merecen, ya que, por su condición, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, finalizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
