El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México formuló una iniciativa de reforma al Código Penal estatal con el objeto de incrementar la sanción de los delitos de robo y despojo cometidos en detrimento de los bienes de las personas adultas mayores y discapacitadas.
Política25 de abril de 2025 Redacción
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México formuló una iniciativa de reforma al Código Penal estatal con el objeto de incrementar la sanción de los delitos de robo y despojo cometidos en detrimento de los bienes de las personas adultas mayores y discapacitadas.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero refirió que si bien todas las personas pueden estar en riesgo de que sus derechos sean violados existen ciertas características o condiciones que enfrentan determinados sectores de la población a presentar mayor vulnerabilidad.
Manifestó que, actualmente el Código Penal estatal solo en una ocasión hace referencia a las condiciones de vulnerabilidad y específicamente a los delitos de violencia política en contra de la mujer.
Agregó que, los adultos mayores son aquellas personas que tienen sesenta años o más y que hablar de este grupo es de gran relevancia e interés social, porque tiene un crecimiento anual del 4%. Apuntó que, se ha considerado que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones precarias de trabajo y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social.
En cuanto a las personas con discapacidad, indicó que no es la persona con discapacidad en sí misma quien debe ser adaptada al medio o contexto, sino que debe ser dicho contexto quien se adapte a la persona, y que es evidente que un trato jurisdiccional preferente resulta del todo justificado tratándose de personas con discapacidad.
El congresista señaló que la diferencia entre robo y despojo radica principalmente en el tipo de bien afectado y en la forma en que se comete el acto; el robo cuando una persona toma un bien mueble que no le pertenece, y el despojo cuando una persona invade, ocupa o se apodera de un inmueble o derecho real ajeno, sin consentimiento y afecta inmuebles o derechos sobre inmuebles.
“El robo y el despojo de bienes de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, es un problema grave en nuestro estado, por lo que es nuestro deber trabajar todavía muy intensamente por el bien de los grupos vulnerables y de la sociedad guanajuatense”, subrayó.
Finalmente, señaló que se propone aumentar parala punibilidad de la mitad del mínimo a la mitad del máximo, cuando el sujeto pasivo sea persona adulta mayor o persona con discapacidad o cualquiera otra circunstancia no esté en condiciones de resistir la conducta delictuosa.
“En Guanajuato, es necesario aumentar la sanción de los delitos de robo y el despojo de bienes de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, en atención a la especial protección que merecen, ya que, por su condición, se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”, finalizó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
En el documento se señala que, para el citado ejercicio fiscal, y con base en el incremento inflacionario anual estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Criterios Generales de Política Económica 2026, se considera conveniente aplicar un incremento del 4% sobre los montos vigentes en el ejercicio fiscal 2025.
En representación de la presidenta municipal Melanie Murillo Chávez, acudieron las regidoras Anel Torres Rosas, Alma Delia Peñuelas y Ulises Aguilar García, Director de Desarrollo Rural de Silao, así como José María Anaya Aguilar, director general de la sociedad Rural, quienes reiteraron en compromiso que tiene la actual administración estatal y municipal con el sector agropecuario.
El Gobierno Municipal de Guanajuato puso en marcha el Operativo Guadalupe–Reyes con un estado de fuerza superior a 360 elementos, reforzado por la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, para garantizar la tranquilidad de familias, visitantes y comercios durante la temporada decembrina.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.