La ley del narco ejecuta en el paraíso: la masacre sin resolver de los jóvenes de Tlaxcala

Mataron a Angie Pérez, que tenía 29 años y un hijo de cuatro. A Rubén Antonio Ramos, que con 24 años ha dejado a su madre desconsolada. A Guillermo Cortés, que su familia interpuso la denuncia por desaparición y cuando las autoridades la difundieron ya estaba muerto. A Rolando Evaristo y Uriel Calva, a quienes despiden decenas de amigos. A Lesly Noya, de 21 años, Huesitos para su hermana, deportista y sonriente. Al matrimonio de Yamilet López y Raúl Emmanuel González, de 28 años. A Jacqueline Meza, incluso después de que su madre alertara de que había sido secuestrada. Mataron a nueve jóvenes, se los llevaron de la costa de Oaxaca y los tiraron a 400 kilómetros. Los mataron a todos y las autoridades, que no lloran sus cuerpos, imparten justicia bajo el eslogan de un “ajuste de cuentas”.

En México, los homicidios son la primera causa de muerte para los jóvenes. Más que los infartos y el cáncer. Solo en los primeros seis meses de 2024, más de 10.000 mexicanos entre 15 y 44 años fueron asesinados. Sobre la tragedia planea una sombra antigua: en algo andaban, algo harían. El país se ha acostumbrado a enterrar a sus muertos bajo la sospecha. Así pasó hace un par de semanas en Apizaco y sus alrededores, en el centro de Tlaxcala, de donde era el grupo asesinado. Las familias los despedían cuando ya por todas partes corría una etiqueta, una sentencia para cerrar el caso: “Eran ladrones”.

En esa misma línea se mueve la Fiscalía de Oaxaca. Tres semanas después de la masacre de los jóvenes, el fiscal estatal Bernardo Rodríguez ha hecho este miércoles su radiografía del caso: los jóvenes fueron traídos por un hotelero de la zona para robar. Lo hicieron a mitad de febrero y a final del mes ya estaban desaparecidos. Los encontraron ejecutados el 2 de marzo en un coche en el límite con Puebla. Hubo una superviviente. Hay un detenido (de iniciales L.E.V.S., que también contaba con ficha de búsqueda por desaparición) que viajaba con los jóvenes y es quien les ha revelado el modus operandi del grupo. “Venían de Tlaxcala a cometer algunos de estos actos: robo a cajeros, robo a centros comerciales, robo a cuentahabientes... No todos, pero sí una parte importante de ellos. Había otros que venían acompañándolos, pensamos más bien en un viaje turístico”, reconoce el fiscal. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Importa?

El funcionario ha hablado siete minutos del caso —que está siendo investigado como homicidio y desaparición forzada— y ha dedicado solo unos segundos a desarrollar la “principal línea de investigación”: “Ajuste de cuentas entre grupos criminales, el grupo que venía de Tlaxcala y la situación también de la parte de la costa”. El reino del narcotráfico de la costa oaxaqueña y su líder, Saúl Bogar Soto, alias El Bogar, identificado como el principal generador de violencia en el Estado —según documentos a los que ha tenido acceso este periódico—, reducidos a “la situación de la costa”. Tejido al destino a los jóvenes, el hotelero José Alfredo Lavariega, alias El Jocha, también asesinado, y una policía municipal cuestionada por sus desmanes desde hace años. EL PAÍS reconstruye el caso que ha destapado la otra cara del paraíso.

“Aquí no se permite la robadera”

“¿Huatulco? Huatulco es un lugar muy seguro, señorita. Eso sí, aquí no se permite la robadera. ¿Ya se enteró de lo que hicieron con los que vinieron de fuera a robar acá, verdad?”. El viejito al sol relata detalles que le transmiten otros que vigilan mientras venden souvenirs y flotadores, que vieron a los hombres armados entrando a los locales de la playa principal de la ciudad a levantar a los jóvenes.

La bahía de Santa Cruz está partida por un largo muelle en el que amarran la veintena de cruceros que llegan cada año. El agua está clara y tranquila. Aquí decenas de turistas ven correr las horas con los pies en la arena. La mayoría son canadienses y estadounidenses, porque este pueblo costero, de 40.000 habitantes y 158 hoteles, tiene vuelos directos con Toronto y Vancouver. El dinero llega en moneda extranjera y llega mucho: más de 10.000 millones de pesos el año pasado, según la Secretaría de Turismo de Oaxaca. Entre chapoteos y ofertas de tours, no hay nada que recuerde a los muchachos asesinados, aunque algunos fueron secuestrados justo aquí.

El rastro de los jóvenes se apaga el 28 de febrero. Lesly Noya cambió esa mañana, temprano, su foto de perfil. También Rolando Evaristo compartió antes de las 9 de la mañana sus últimos memes, que se han llenado ahora de mensajes de despedida. Ese día la policía de Huatulco se llevó a Angie Pérez y Brenda Mariel Salas cuando salían de su alojamiento, el Hospedaje Jocha, según compartió el esposo de la primera, Juan Daniel Palma Chamorro. En la noche se llevaron mientras estaba en un restaurante en la playa a Jacqueline Meza, alertó su madre. Uno tras otro, los jóvenes pudieron ser secuestrados en una ciudad plagada de cámaras, donde tiene sede la Secretaría de la Marina (Semar), con su 18 Zona Naval, y la Secretaría de la Defensa (Sedena), con el 98 Batallón de Infantería. “Es un mensaje claro de quien de verdad manda aquí”, apunta un periodista de Oaxaca, que prefiere no dar su nombre por seguridad.

El testimonio de la superviviente —de quien no se sabe nada, solo que sigue viva— es el dedo que apunta a la corporación municipal. Pero no solo. En los últimos dos años, los agentes de Huatulco habían patrullado junto con la Marina y también el mando principal de la dependencia era de la Semar. En diciembre de 2024, en una carta dirigida al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, algunos agentes pedían ayuda. “Estamos intranquilos porque nos van a quitar a los marinos”, comenzaba el escrito, “los policías malos están contentos de que se va la Marina, gritan a los cuatro vientos que ahora sí nos cargó la... Es un grito de desesperado de ayuda, autoridades, no nos lo quiten”. Con la entrada del presidente municipal Julio Cárdenas en enero de este año, se acabó el convenio con la Marina y la policía municipal volvió a patrullar sola. Solo pasaron dos meses hasta que fueron señalados por llevarse a Angie y a Brenda.

La acusación ha llevado a la Fiscalía de Oaxaca a desplegar la semana pasada, junto a la Secretaría de Seguridad estatal y el Ejército, un largo operativo para catear las armas y permisos de los agentes municipales (también para desmantelar 40 cámaras que operaban en la ciudad para los criminales). El fiscal ha explicado que buscan comprobar si alguna de las armas fue disparada y si esos cartuchos coinciden con las heridas de muerte que tenían los jóvenes: “Estamos en un proceso de saber”. El operativo recordó a septiembre de 2013, cuando las fuerzas federales tuvieron que entrar en Huatulco para detener al alcalde, al director de la policía municipal, al subdirector de la corporación y otros siete funcionarios por estar detrás de una serie de homicidios de jóvenes.

“Huatulco ya tiene quien lo cuide”

El despligue de las camionetas de seguridad no ha sido bien recibido entre todos los vecinos del municipio. “Uno vive al día, esperando la temporada vacacional y asustan a la gente con tanto operativo, nosotros ya tenemos quien cuide a Huatulco y no es de ahorita sino de años”, se lee en una publicación viral de una vecina, que reconoce que los últimos turistas preguntan más por la seguridad que por el clima a causa de las “noticias amarillistas”. El mensaje sigue: “A diferencia de otros destinos, aquí no pagamos piso, aquí no tenemos secuestros, robos, violencia, levantones, tráfico de órganos (...) porque lo cuida un personaje de respeto que nos demuestra que no estamos solos, aquí nadie necesita del Gobierno solo necesitamos al patrón que siempre nos ha cuidado y nunca ha dejado solo a su pueblo”.

Documentos de la Sedena, aireados por la filtración del grupo de hackers Guacamaya, señalan sin ambigüedades al Bogar como la cabeza que controla la costa de Oaxaca, desde Huatulco hasta los límites de Guerrero. Coincide con los mismos papeles con los que trabajan en el Gobierno estatal, que identifican las alianzas del Bogar con otros grupos locales “para expandir su zona de presencia y no generar alguna disputa”. Los documentos apuntan a este hombre, de poco más de 40 años, como el responsable del trasiego de drogas y migrantes, de extorsiones y homicidios: “Se tiene conocimiento que tiene presencia en toda la línea costera del Estado”.

La carretera 200 atraviesa Oaxaca y une Chiapas y Guerrero. Es la vía de entrada a todos los pueblitos a los que azota el Pacífico. Es un corredor de distribución perfectamente engrasado: aquí aterrizan las avionetas y llegan las lanchas con los cargamentos de cocaína. La droga, en una ruta controlada y llena de aliados, se dirige hacia el norte para seguir su reparto por todo el país, una operación presuntamente a cargo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “Para no perjudicar al narcomenudeo, no suele haber muchos eventos violentos”, señala un periodista de la región. “Es una zona de tolerancia: no se denuncia la venta de droga y a cambio ellos se encargan de cuidar el rancho”, añade un hotelero. “Nadie quiere saber nada de lo que ha pasado con los muchachos, todo el mundo mira para otro lado, para que no se acabe la fiesta”, incide un pescador.

Las reglas están claras, se repiten igual de punta a punta, de Huatulco a Puerto Escondido: aquí no se vende fentanilo ni cristal, no se cobra piso, y sobre todo, no se roba. El castigo es el cuerpo. La antropóloga Rossana Reguillo define estos códigos como “una paralegalidad, un segundo Estado”: “Es un orden paralelo, de jueces, de señores soberanos sobre un territorio, que tienen el derecho de decir qué se permite, qué delitos se pueden cometer y cuáles no, y aquel que entra en su territorio tiene que cumplirlos”, explica a EL PAÍS. “Para los chavos descifrar los territorios se ha convertido en un tema de vida o muerte, se enfrentan a la lógica de que lo que está permitido en una determinada zona, en otra es motivo de levantamiento y ajusticiamiento”.

La desaparición del grupo de Tlaxcala quedó opacada por el hallazgo del rancho de exterminio de Teuchitlán, que el CJNG utilizaba como centro de reclutamiento y entrenamiento forzado para muchos jóvenes desaparecidos de Jalisco, Nayarit o Guanajuato. “Estas masacres y ejecuciones demuestran que están usando los cuerpos juveniles como aceite, como gasolina para mantener funcionando sus negocios”, apunta Reguillo, “y sobre todo reflejan la pérdida de la capacidad del Estado: estamos frente a un Estado que ha ido cediendo su soberanía en aras de los grupos criminales”.