Demanda obispo Enrique Díaz al Gobierno del Estado que ya no haya desapariciones

La gobernadora informó que en los próximos meses firmará el Convenio de Colaboración con la Federación para la construcción del Acueducto Solís. El proyecto, que contará con la colaboración de la DEFENSA, contará con una inversión de aproximadamente 15 mil millones de pesos, provenientes del Gobierno Federal, estatal y de los municipios involucrados. Se espera que las obras inicien en el segundo semestre del año, comenzando con el tramo de León a Salamanca.

El aborto seguirá siendo delito en Guanajuato. El Congreso del Estado rechazó despenalizar la interrupción del embarazo por 19 votos frente a 17. Este resultado se ha dado después de que la diputada del Partido Verde Luz Itzel Mendo cambiara el sentido de su voto y se alineara con la bancada del PAN.

Organizaciones feministas, en colaboración con el Movimiento Ciudadano, han solicitado una nueva Alerta de Género por Agravio Comparado en Guanajuato, tras el archivo de la iniciativa para despenalizar el aborto en el estado. Además, activistas de Chicas BiLess, Nayelli Tello y Joy Rivera, presentaron una Demanda de Amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se ordene la despenalización del aborto en Guanajuato. El amparo lleva la firma de más de 60 mujeres guanajuatenses.

Organizaciones feministas, incluidas el Grupo de Información en Reproducción Elegida, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, criticaron al Congreso de Guanajuato por desaprovechar, por segunda vez, la oportunidad de despenalizar el aborto.

Las nuevas disposiciones catalogan como delitos graves las agresiones contra estos profesionales y sus familiares directos, cuando se realicen con la intención de obstaculizar su labor. En cuanto a la pena por delitos contra la libre expresión, se establecen sanciones de uno a seis años de prisión y multas de diez a sesenta días, para quienes utilicen violencia o acoso contra periodistas. Si el agresor es un servidor público, la pena se incrementará.