Realiza Congreso del Estado entrevistas a aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado

Las personas aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado, fueron entrevistadas por las y los integrantes de la Comisión de Justicia de la 66 legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato.

El orden de participación fue decidido por insaculación, el cual quedó de la siguiente manera: Gerardo Vázquez Alatriste, Zucé Anastacia Hernández Martínez e Israel Aguado Silva.

Al presentarse, Gerardo Vázquez Alatriste comentó que cuenta con 38 años de ejercicio profesional, básicamente en la actividad ministerial; que ha laborado en distintos estados, siempre contra la adversidad; que no puede concebirse una procuración de justicia alejada del reclamo social, que lo primero que se debe atender es a la víctima y sus necesidades; y dijo que trabajaría en ligar a la federación con la entidad, a lo que llamó cohesión regional.

En su oportunidad, las diputadas y los diputados cuestionaron sobre los avances que ha logrado en delincuencia organizada, narcotráfico, robo a combustible, tráfico y portación de armas y robo a autotransporte; cómo diagnostica la corrupción en el ámbito federal y local;  su visión a 7 años de cómo estaría la entidad; qué innovaciones propondría; si su moral y ética no mermarán por las omisiones en investigación de ex delegado del ISSSTE; si afectará la autonomía de la fiscalía el hecho de que se perfile como el favorito.

De igual manera, indagaron sobre cuál es la visión que plantea para la procuración de justicia en Guanajuato; los principales retos al frente de la Fiscalía; cuáles considera que son los retos institucionales más grandes que enfrenta la fiscalía y cómo los abordaría; los elementos que destacaría sobre los principales retos a los que a tenido que hacer frente y el balance de resultados y profundizar investigaciones concluyeron en sentencia.

También profundizaron respecto a las estrategias y acciones para incentivar la cultura de la denuncia y cómo combatiría impunidad; las políticas y mecanismos de transparencia para combatir la desconfianza dentro de la institución; si ha trabajado en casos de alta complejidad y relevancia pública; por qué habría resultados en la Fiscalía General estatal si no los dio en su actual encargo; el modelo que tiene pensado para hacer sentir el peso de la representación social para que toda la fiscalía tenga mejor atención a víctimas; qué haría para disminuir el índice de impunidad del delito de homicidio y el tiempo que le tomaría.

Además, cuestionaron sobre cómo garantizaría que las víctimas de violencia reciban justicia sin poner en riesgo su vida; dar seguridad al personal de la fiscalía; cómo reducir el índice de homicidios y desapariciones; qué haría para verificar que se dé una verdadera autonomía; el presupuesto aprobado y su ejercicio; cómo implementará el modelo de policía en lo local; y el tiempo de pacificación al que se comprometería.

Asimismo, indagaron sobre su opinión sobre la creación de la fiscalía especializada en atención a mujeres; cómo mejoraría la atención a ese sector; las principales áreas de oportunidad que ha detectado en el funcionamiento de la Fiscalía y su propuesta para mejorarlo; en qué consiste su nueva visión, qué hará diferente y cómo innovará; si valdría la pena investigar un presunto hecho delictivo independientemente de la valoración jurídica; si se tiene contemplado la judicialización de las carpetas que se tienen; y si piensa conservar en su cargo a las y los titulares de las áreas que componen la fiscalía.

Abundaron respecto a cuáles serían las prioridades y objetivos principales, así como la manera en que planea alcanzarlos; sus estrategias para mejorar la investigación de delitos; cómo fortalecerá la colaboración entre la fiscalía y otras agencias de seguridad estatal; las medidas para garantizar la integridad y objetividad en la investigación de delitos cuando involucren a funcionarios públicos; qué va a representar para las personas buscadoras; su propuesta para atender la crisis forense que atraviesa la entidad; la postura sobre el derecho a decidir sobre las mujeres; las garantías que ofrece de que será imparcial y respetará los derechos humanos.

Las y los legisladores profundizaron sobre lo que propone para solucionar el problema de la deficiencia en el número de agentes; cómo aplicaría los conocimientos para fortalecer la coordinación y mejorar la atención a la ciudadanía en caso de extorsión y delitos de alto impacto asegurando que las víctimas reciban atención ágil; y cómo haría que la fiscalía fuera más cercana a los ciudadanos.

Finalmente sobre cuál es la media nacional de sentencias condenatorias; medidas para verificar la eficacia en el combate de delitos; qué haría para llevar a los delincuentes a la cárcel; si implementaría que la fiscalía sea conformada en forma paritaria; los mecanismos para lograr una relación cercana con la ciudadanía; qué política pública aplicaría para incrementar la confianza en la población y las acciones para reforzar la capacidad institucional respecto a los delitos contra las mujeres y niñas.

En respuesta, Vázquez Alatriste mencionó que lo definen los números, que han atendido los mercados criminales caso por caso; que proponía una nueva visión de justicia para la entidad, a través de diseños de programas específicos área por área, medición de resultados, transparencia, entre otros; que su propuesta llegó por su trabajo; que la carpeta contra el entonces delegado del ISSSTE en su investigación no hubo actuaciones tendenciosas sino una carpeta de investigación y nadie llegó a comparecer.

Precisó que la ventaja que siga siendo agente del ministerio público le ha permitido acuñar por todo el país las experiencias que se viven, que rendiría cuentas a partir de números, no de percepciones ni notas periodísticas; que cree en hacer lo que le toca y su razón profesional de ser es la fiscalía. Señaló que es fácil decir que 12 sentencias en poco, pero depende de la trascendencia; que nadie puede reprochar su entereza, que está acostumbrado a la lucha frontal y a desempeñar su trabajo.

Añadió que, ofrece atención rápida; sí se ha hecho en procuración de justicia, pero no se ha contado con los mecanismos para comunicarlos de manera eficiente; se pronunció por fortalecer los derechos de las víctimas, que tengan atención directa e inmediata; fortalecer la capacitación; el problema de la cifra negra es un tema mundial y opera hasta en los países más avanzados.

Precisó que si se garantiza mayor certeza a las víctimas se podrá ir avanzando; que hay que dar resultados para que haya confianza, que estén documentados; y que la autonomía ha sido mal entendida, en el sentido de que el fiscal no puede hacer lo que quiere, porque sigue siendo servidor público y como funcionario está obligado a la transparencia y la rendición de cuentas.

Vázquez Alatriste manifestó que en materia de presupuesto se ha hecho más con menos, que el presupuesto no se gasta, sino que se aplica de acuerdo con las prioridades; que no se puede concebir la justicia sin dar una atención focalizada a las mujeres, porque son quienes más inseguras se sienten; que se tendría que evaluar a las personas que se encuentran en cada puesto; que la prioridad es Guanajuato y su gente, junto al estado de derecho; que es necesaria la cohesión entre las distintas autoridades porque ninguna corporación de seguridad puede trabajar sola; que no podría ser ausente al tema de las buscadoras, se revisaría el modelo de operación y se mejoraría el procedimiento de búsqueda de personas; que quien trasgreda la norma penal se abrirá una carpeta, pero sin persecución sin causa justa; y que en materia de aborto se tienen que realizar cuadros normativos para que no haya alternativa más que atenderlos y aplicarlos.

También dijo que se tienen que analizar las cargas de trabajo para poder ver cuántos peritos y agentes se requieren para su actividad sustantiva; que contar con un modelo operativo que permita atender las carpetas de investigación de acuerdo con su complejidad; que se ha desnaturalizado el significado de servidor público porque no le están haciendo un favor a la ciudadanía; que diseñará un programa de trabajo específico para el tema de extorsión; que no habrá agentes de ministerio público que se vayan por la libre; que no podría asumir el reto de que sea paritario, cree más en las capacidades y que en la Fiscalía estatal hay más mujeres que hombres.

La segunda en ser entrevistada fue Zucé Anastacia Hernández Martínez, quien refrendó su compromiso con las víctimas, la justicia y el Estado de Derecho. Indicó que era momento de escribir una nueva historia en la que las mujeres tenían una gran tarea, que se compromete con estar cercana a la gente, que su gestión se basaría en la innovación, la transparencia, la rendición de cuentas, la transversalización de los derechos humanos en los procesos de investigación y una fiscalía autocrítica.

Las y los legisladores cuestionaron sobre sus atributos para desempeñar la función y la autonomía; el balance sobre la corrupción e impunidad sobre delitos federales y locales en la entidad; la implementación de la innovación; el Guanajuato que le gustaría construir al concluir su mandato; en un estado con alerta de Género qué mensaje se mandaría para las mujeres guanajuatenses si resulta electa; si la fiscalía especializada en atención a las mujeres debe tener autonomía y qué urge cambiar para que la ciudadanía recupere confianza.

Además, abundaron respecto a cuáles serían las cuatro principales acciones que haría de lo que se hizo en los últimos 15 años y las que mantendría; qué indicadores considera prioritarios para medir la gestión; cómo estima se podrían abordar los problemas de sobre carga de trabajo; qué garantía puede ofrecer de su liderazgo, si representa un cambio real y no las mismas prácticas; la garantía de que no se prestará a juegos políticos; las estrategias, acciones y mecanismos que implementaría para combatir la impunidad y aumentar la confianza en la población.

Cuestionaron sobre si ha trabajado en planes para construir política pública; los cambios que haría para que los agentes del ministerio público sean más rápidos para investigar los delitos de alto impacto; cómo aseguraría que las víctimas reciban apoyo profesional considerando sus derechos e incluso sus tradiciones y costumbres; qué haría para tener resultados tangibles en la integración de carpetas; por qué surge el compromiso para realizar la fiscalía especializada para la investigación de los delitos contra las mujeres; qué ha faltado en el registro y clasificación de los delitos contra las mujeres; qué mejoraría para reducir los índices de impunidad en esos casos y las fallas que ha detectado en el funcionamiento de la fiscalía.

También profundizaron respecto a si facilitaría el acceso a la justicia a miembros de una comunidad indígena que se ha visto afectada por irregularidades en el proceso; si entre sus planes se encuentra correr a los puestos directivos; cuáles serían las estrategias que implementaría para acercar la figura del fiscal a la gente; cómo garantizarían la atención a la víctima y sus familias; la ruta de trabajo para judicializar las carpetas de investigación; la estrategia para combatir la impunidad que tanto daño le ha hecho al estado; qué estrategias implementaría para fortalecer la confianza de la ciudadanía con la institución y cómo garantizaría que los casos de extorsión, los delitos cometidos por “motorratones” y la violencia digital sean atendidos con eficacia.

De igual manera, sobre las estrategias que implementaría para desmantelar a los cárteles, así como la manera en que se coordinará con las autoridades federales para lograrlo; las policías de investigación, cómo se implementaría y la propuesta de trabajo; qué dependencia o relación guarda con el anterior fiscal y su opinión; si realizaría auditoría para generar cambios sustanciales que generen confianza con la población;  los mecanismos que llevará a cabo para fortalecer la relación con la ciudadanía; las acciones adicionales a los protocolos para reforzar la capacidad institucional y los cambios en la integración y perfeccionamiento de carpetas.

En respuesta, Hernández Martínez señaló que cuenta con experiencia probada y resaltó su honestidad; que trabajará de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para que se comparta la información entre los tres, a fin de judicializar esas carpetas; que se cuente con unidades de análisis de contexto en cada región; apostar a la planeación, a una política de persecución criminal, a una atención sensible a la víctima; que se requiere una fiscalía cercana a la gente, de puertas abiertas, sensibilizar a los ministerios públicos; que ofrecería mejor atención, dar seguimiento a todos los asuntos, mejorar el servicio que se brinda y en las investigaciones que se llevan a cabo.

Agregó que los indicadores serían un a prioridad en su gestión, así como establecer encuestas de salida que valoren cómo fueron atendidos; revisar las cargas de trabajo en los municipios para analizar si se cuenta con el personal suficiente; que se estaba iniciando una nueva gestión en la que manifestaba su honestidad, dignidad y respeto a su trabajo; que en su gestión la cosas se harían conforme a derecho con una investigación profunda, seria y ordenada; la autonomía que tiene la fiscalía los posibilita a trabajar de acuerdo con las funciones que les otorga la Constitución, en los que basaría su trabajo; propondría la creación de la fiscalía antiextorsión, el seguimiento puntual de las causas y el aumento de la capacitación institucional para combatir los delitos de alto impacto.

Añadió que establecería qué diligencias son primordialmente esenciales, a fin de despresurizar las agencias del ministerio público; analizar cómo se está llevado a cabo el trabajo de la fiscalía, medir los procesos; que con el Poder Judicial haría conversatorios, promovería un acercamiento para poder tener esas órdenes de aprehensión, pero también apostarle a la capacitación de quienes ahí laboran; que será una fiscalía autónoma con responsabilidad, con entregables e informes a la ciudadanía.

Hernández Martínez resaltó que la atención integral a las mujeres que sufren violencia debe darse para unificar los procesos y atención; que realizaría capacitaciones para el empoderamiento de las mujeres; que en algunas regiones se cuenta con intérpretes y si no se pagan por la fiscalía; y se comprometió a atender a la familia y, en caso de ser necesario, otorgar las copias de la carpeta para tener acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.

Agregó que se tienen que revisar los perfiles de quienes integran la fiscalía y su desempeño, antes de cualquier acto; que su perfil es de escucha y conciliador, con capacidad de atender a la gente, así como revisar los cómo sí; que crearía una fiscalía especial para combatir los delitos de alto impacto; se daría seguimiento a las carpetas de investigación, a su integración, hacer un diagnóstico de por qué están en archivo, a fin de mejorar la procuración de justicia.

Señaló que se debe trabajar en las leyes secundarias para saber qué le corresponde a cada uno, a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad; externó su respeto al anterior fiscal, es la única relación; que están expuestos a que se audite la fiscalía y no hay inconveniente; que desde hace tiempo es la abogada del pueblo, atiende los 365 días del año, las 24 horas del día, cualquier persona.

Finalmente, se sostuvo un diálogo con Israel Aguado Silva, quien manifestó que la procuración de justicia debe cambiar, que se pide una fiscalía más colaborativa, más eficiente, más empática y colaborativa. Habló de su labor como fiscal regional y de los resultados obtenidos estando él al frente; así como de la importancia de alinear la política criminal en la entidad; impulsar la localización de personas y la identificación de cuerpos; la capacitación del personal y el uso adecuado de las tecnologías.

En la ronda de preguntas, las y los congresistas cuestionaron sobre la autocrítica a la institución; la valoración de la corrupción en el estado y la federación; la innovación y valor agregado de su participación si fuera fiscal; los logros que entregaría al final de su gestión; si bajarán los delitos de corrupción con la prisión preventiva oficiosa; qué se tendría que cambiar en el sistema de justicia penal para hacerlo más efectivo; si existe una forma de coordinación viable con las autoridades municipales, estatales y federales, así como de salud para combatir adicciones desde su ámbito de competencia; y cuatro cosas que trataría de evitar de lo que se venía trabajando.

Abundaron sobre qué política institucional consideraría implementar para aprovechar e impulsar el procedimiento abreviado como una forma anticipada de conclusión de los procesos penales; las políticas para priorizar las vías alternas de solución para fortalecer la justicia restaurativa; la garantía que no se prestará a juegos políticos; los indicadores que utilizaría para evaluar a la fiscalía; sus prioridades si es elegido fiscal; cómo abatiría la incidencia delictiva de homicidios, desapariciones y extorsiones; cómo decidiría qué delitos deben perseguirse con mayor urgencia para reducir el crimen; y qué acciones implementaría para que las mujeres violentadas reciban atención prioritaria.

De igual manera, indagaron sobre las acciones o mecanismos que implementaría para una debida integración de las carpetas y las sanciones para aquellos que no estén haciendo la labor para la cual fueron contratados; qué sucedió con el caso de una acusación a un diputado federal por violación y que se reclasificó; cuál fue el punto de quiebre en las instituciones de procuración de justicia que ha llevado a la entidad a ocupar el primer lugar en homicidio y las causas.

Además, preguntaron sobre cuáles son los ajustes que deben hacerse; por qué su ascenso significaría un verdadero cambio en lugar de continuismo; el seguimiento a las recomendaciones que se dieron en la región B; cómo construir una política pública; cuáles serían los criterios para determinar el archivo de una carpeta de investigación; y qué estrategias implementaría para eficientar la investigación de los delitos en la entidad, así como la manera en que aprovecharía la tecnología.

Las y los congresistas abundaron en aspectos como qué iniciativas implementaría para agilizar la solución de casos mejorar la atención de quienes buscan justicia en delitos como extorsión y robo en motocicleta; si removería a algunas personas en esta nueva etapa; en cuánto tiempo cree lograr una reestructuración integral; si la fiscalía la integraría de manera paritaria; los mecanismos para lograr una relación cercana con la ciudadanía y cómo elevar la cultura de la denuncia.

Aguado Silva comentó que están sujetos a la vigilancia que se imponga en materia de corrupción; la fiscalía debe ser una intuición abierta, transparente, que entregue resultados a la población y siempre de servicio; que trabajar en contra de la impunidad no solo son sentencias sino hacerlo en todas las salidas que ofrece el sistema actual; que la cifra negra se presenta en los delitos de menor daño social, no en los de alto impacto; ofreció colaboración con resultados; que la prisión preventiva oficiosa es eficiente para los riesgos que marca la norma, como la fuga, pero esa no es la sentencia, y es ésta la que acabaría con la corrupción.

Agregó que para cambiar la procuración de justicia se necesitan más herramientas de investigación; que la coordinación no es ningún privilegio sino una obligación y exigencia; que en materia de salud el tema de consumo es complejo; que entre las cosas que se deben hacer de inmediato es la colaboración e intercambio de información, mayor transparencia con la ciudadanía y autoridades; puertas abiertas, mayor empatía y enfoque diferenciado en el trato.

Dijo que el procedimiento abreviado es una de las etapas primarias, se debe impulsar desde el primer momento, y no hasta que se está a punto de concluir; la mediación y la conciliación está en la fiscalía a través de unidades; la autonomía de la fiscalía garantiza que no se preste a juegos políticos, por lo que no se prestará a ningún tipo de injerencia ni presiones pero sí trabajará de manera colaborativa; que revisará lo que ocurre en las mejores prácticas nacionales e internacionales para mejorar sus indicadores; y que el combate a la corrupción debe darse desde distintos ámbitos, trabajar desde la prevención, acompañamiento, verificación y corrección para lograr mantener el capital humano de las instituciones.

Comentó que se debe impulsar la tecnología para lograr detenciones oportunas e inmediatas en homicidios y extorsiones para que se hagan en flagrancia; que en desaparición de personas el objetivo es la localización, por lo que se debe trabajar en la coordinación con otras fiscalías; que todos los delitos son importantes, pero se tiene que estar alineado a una política de estado para dirigir las acciones hacia ese punto, sin perjuicio de que el resto de los delitos sean investigados.

Aguado Silva manifestó que el servidor público está sujeto a responsabilidad, a través de distintos órganos, ese trabajo se puede hacer por medio de denuncias ciudadanas; se debe revisar si es real que hay una deficiente integración de las carpetas porque a veces están en libertad porque hay delitos que no ameritaban una prisión preventiva; colaborar con el Poder Judicial para conocer sus criterios de por qué consideran que se están integrando mal las carpetas y estandarizarlos, así como llevar a cabo conversatorios.

El entrevistado argumentó que el caso de 2021 no fue llevado por él, que para llevar a cabo la reclasificación debe hacerse en audiencia judicial, no es una decisión unilateral; que se debe robustecer la integración de las investigaciones, tener comunicación clara con las víctimas, a quienes se les debe tener protegidas en sus derechos. En cuanto los puntos de quiebre en la entidad, indicó que hay muchas causas, pero consideró que tienen que ver con el hidrocarburo y su robo, el aumento en el consumo de droga, así como el crecimiento del cártel local.

Añadió que lo que se debe atender ya es implementar el uso de inteligencia artificial que daría un salto importante en resultados; revisar la distribución de las cargas de trabajo; articular la fiscalía de género con una sola cabeza y varias sedes; ser una fiscalía colaborativa con intercambio de información; contar con programas como MAS que pertenece al Ejecutivo para que los monitoren y sean ajenos a la fiscalía para mantener los mejores servicios.

Indicó que un archivo definitivo se puede dar por causas establecidas en la propia legislación como que no se trata de un delito, el delito a prescrito, porque hay una causa de justificación, entre otras, por lo que las razones tienen que ser claras y la víctima tiene que conocerlas; propuso participar en órganos ciudadanos para tener contacto con la ciudadanía e invitar a ésta a que conozcan qué están haciendo; que la extorsión y el robo a motocicleta son delitos en los que las personas prefieren no denunciar por miedo, por lo que se debe revisar el marco legal.

Finalmente mencionó que se estaría entrando a una nueva etapa, que muchos de los servidores públicos de la fiscalía colaboraron con el anterior fiscal por el tiempo que duró en su cargo; que todos los funcionarios estarán sujetos al escrutinio de los resultados; la reestructuración se dará en mejorar atención a víctimas, mejorar el equilibrio en las cargas de trabajo, fortalecer las áreas que se requieran; habrá investigaciones donde se tengan que hacer y contra quien sean necesarias; que es una factibilidad la paridad de género; y que la cultura de la denuncia se fortalece con confianza y aumentando los canales para hacerlas.

Al concluir las intervenciones, la diputada María Eugenia García Oliveros comentó que, si bien se está trabajando en un sistema inédito para la elección del fiscal, el proceso se vio afectado al no tomar en cuenta la participación civil organizada con la presentación de propuestas surgidas de ahí, lo que resta credibilidad.

Enfatizó que, para la renovación de este se presentaron varias propuestas por parte del grupo parlamentario de MORENA, las cuales no fueron consideradas en la terna y que ésta se aleja de lo que promueve el gobierno del estado en cuanto a paridad. También se refirió al perfil del Vázquez Alatriste que es señalado como una acción irregular, por lo que solicitó se elaborara un dictamen en sentido negativo.

La legisladora Susana Bermúdez Cano enfatizó que lo que les corresponde es analizar los requisitos de elegibilidad, únicamente, por lo que propuso se hiciera un dictamen en sentido positivo, atendiendo la normatividad y lo señalado en la Constitución Política local.

La propuesta de la diputada García Oliveros no fue aprobada; mientras que la de su homóloga Bermúdez Cano fue aceptada.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta de la Comisión), Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas.

Además, los acompañaron las diputadas y los diputados Alejandro Arias Ávila, Carolina León Medina, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Rodrigo González Zaragoza, Sandra Alicia Pedroza Orozco, Víctor Manuel Zanella Huerta, Juan Carlos Romero Hicks, David Martínez Mendizábal, Jorge Arturo Espadas Galván, José Erandi Bermúdez Méndez, María del Pilar Gómez Enríquez, Aldo Iván Márquez Becerra, Roberto Carlos Terán Ramos, Plásida Calzada Velázquez, Estela Damián Alfaro y Ernesto Millán Soberanes