Con el respaldo de los panistas Mauricio Vila, Juan Martín del Campo y Miguel Márquez, la mayoría de Morena y sus aliados aprobó en lo general y lo particular, así como turnó a los Congresos locales para su aval, la reforma constitucional para imponer prisión preventiva oficiosa (PPO) a quien cometa los delitos de extorsión, use comprobantes fiscales falsos y trafique con fentanilo.
La reforma al artículo 19 constitucional fue turnada por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña a los 32 Congresos estatales, los cuales deberán aprobar por 17 para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor.
En lo particular la reforma fue avalada por 93 votos a favor, 35 en contra y tres abstenciones.
En el debate, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, expuso que esta reforma anula el derecho de las personas de ser juzgadas ante cualquier señalamiento. Lamentó que, con el voto de la mayoría, se estará instaurando en México la prisión preventiva automática.
Cristina Ruiz, senadora del PRI, dijo que la prisión preventiva oficiosa no detendrá el fenómeno del fentanilo.
Marko Cortés, senador del PAN, argumentó que la prisión preventiva automática solo servirá para consolidar la persecución política, además de que socavará la presunción de inocencia.
Que no se acuerdan de ese principio de que nadie es culpable hasta que se le demuestra lo contrario, de que todos somos inocentes hasta que se le comprueba la responsabilidad. Lo que ustedes están haciendo es tener otro instrumento para la persecución política, porque aquí no se trata de detener al secuestrador, al extorsionador, aquí lo que nosotros queremos es que no haya abuso de poder, eso es lo que está en juego”.
