El Senado aprobó ayer en lo general la reforma al artículo 21 de la Constitución que otorga facultades de investigación de delitos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Con esta atribución se busca que la dependencia coadyuve con la Fiscalía General de la República en la pesquisa de los crímenes y el cumplimiento de ordenes de aprehensión.
Política14 de noviembre de 2024 Redacción
El Senado aprobó ayer en lo general la reforma al artículo 21 de la Constitución que otorga facultades de investigación de delitos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
Con esta atribución se busca que la dependencia coadyuve con la Fiscalía General de la República en la pesquisa de los crímenes y el cumplimiento de ordenes de aprehensión.
La propuesta del ejecutivo avalada plantea que esta dependencia se encargue de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública, y de liderar las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno a través de sus corporaciones, a quienes podrá solicitar la información necesaria para la identificación y esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos.
El documento propone crear el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual vigilará el debido ejercicio de los fondos de ayuda para la seguridad pública destinados entidades federativas y municipios.
Dicha instancia también podrá emitir acuerdos y lineamientos, y realizar las acciones necesarias para lograr “la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes”. Todo ello en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Con el marco anterior, el ejecutivo considera que se sientan las bases para la renovación y el fortalecimiento estratégico de la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito federal, y para que funja como el agente articulador entre las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad.
Esto también, afirma, le permitirá “obtener conocimiento a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de los datos e información, con que cuente cada uno de los integrantes del Sistema, sobre las capacidades y vulnerabilidades de diversos actores de interés, con el fin de garantizar, mantener y restablecer, en su caso, el orden público y la seguridad ciudadana”.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
Los vehículos importados desde China, Corea del Sur y la India serán los más afectados por el incremento de hasta un 50% en las tarifas, indican expertos del sector.
Colectivos civiles y agrupaciones de derechos humanos denuncian que el acueducto Solís-León, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Sheinbaum, despojará a miles de habitantes de sus recursos naturales.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.