Ismael El Mayo Zambada se presentó ante el juez federal Brian Cogan para una breve audiencia preliminar sobre los 17 cargos en su contra –incluido uno que es elegible para potencialmente aplicar la pena de muerte, aunque eso aún está por determinarse–.
En el mismo tribunal del distrito del este de Nueva York donde fueron enjuiciados, primero, Joaquín El Chapo Guzmán y más recientemente Genaro García Luna, y ante el mismo juez en ambos casos, Zambada, con barba y bigote y en uniforme de reo café claro, escuchó sin mostrar alguna emoción los detalles sobre el inicio de su caso en preparación para un posible juicio.
La próxima audiencia preparatoria fue programada para el 15 de enero de 2025, sólo el inicio de lo que será un largo proceso todavía antes de un juicio –si es que hay uno–.
Entre los principales cargos están administrar de manera continua entre 1989 y 2024 una organización criminal, que conlleva una sentencia de cadena perpetua, y acusaciones de narcotráfico, portación de armas de fuego ilícitas y lavado de dinero, cada una de las cuales llevan condenas de 10 a 30 años de prisión. Los cargos presentados en este caso fueron ampliados a incluir tráfico de fentanilo, así como también incluir que estas actividades realizadas por el acusado continuaron hasta mediados de este año.
El juez Cogan y los fiscales señalaron que el caso es elegible para aplicar la pena de muerte –indicando que la actividad criminal de narcotráfico encabezada por Zambada llevo a múltiples decesos en Estados Unidos– pero aún no se determina si los fiscales promoverán ese castigo.
Otro asunto que se abordó es si existe un potencial conflicto de intereses para el abogado principal de Zambada, Frank Perez, ya que también ha representado al hijo del acusado, Vicente, quien es un testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos. El conflicto se presentaría en caso de que en un eventual juicio, los fiscales llamaran a Vicente Zambada a testificar contra su padre. Este asunto no se resolvió ayer y queda pendiente para la próxima audiencia.
En la misma sala donde 48 horas antes el ex secretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna fue sentenciado a poco más de 38 años de prisión por sus nexos corruptos con el cártel de Sinaloa, el juez y los fiscales indicaron que una parte de la evidencia que se presentará contra Zambada se acumuló en ese caso y en el juicio de El Chapo Guzmán realizados en esta misma sede.
La acusación contra Zambada incluye lo que los fiscales federales previamente habían afirmado: que el acusado ha gozado de impunidad plena a los más altos niveles mediante pago de sobornos a funcionarios gubernamentales y oficiales de seguridad pública, y que controló a oficiales y agentes corruptos, quienes protegieron a sus trabajadores y cargas de drogas al ser transportadas a través de México a Estados Unidos.
El Mayo llegó a su cita, cojeando un poco al dar unos pasos hacia su asiento en la mesa de la defensa, donde dio la impresión de tranquilidad bajo la vigilancia de cinco agentes del US Marshall Service. La corte amplió medidas de seguridad, incluyendo un segundo punto de registro de asistentes a la entrada de la sala –hay uno en la entrada al edificio para todo visitante–.
Zambada apareció por primera vez ante un tribunal en Nueva York el 13 de septiembre, tras ser trasladado desde Texas, donde se inició su proceso judicial en Estados Unidos. Ha estado en manos de las autoridades federales estadunidenses desde el 25 de julio, cuando llegó en un avión privado junto con Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, en circunstancias aún misteriosas (El Mayo acusó en una carta que fue secuestrado por El Chapito).
Estos primeros pasos no confirman que habrá un juicio al final, ya que no se puede descartar la posibilidad de alguna negociación del acusado con el Departamento de Justicia y sus fiscales a fin de llegar a un acuerdo de cooperación y con ello evitar un juicio.
