La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobó el informe de los trabajos realizados durante la LXV Legislatura y posteriormente dieron por concluidos sus trabajos.
Política11 de septiembre de 2024 Redacción
La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables aprobó el informe de los trabajos realizados durante la LXV Legislatura y posteriormente dieron por concluidos sus trabajos.
Al hacer uso de la voz, la diputada Katya Cristina Soto Escamilla expresó que el informe de actividades indica el arduo trabajo que se llevó a cabo en dicha comisión al impulsar temas de gran relevancia, en la que destaca la consulta a niñas, niños y adolescentes que con sus opiniones y comentarios se pudieron reformar más de 18 iniciativas enfocadas a la protección de los derechos de la infancia.
Agregó que siguen pendientes trabajos relativos a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, donde se espera que los esfuerzos legislativos se enfoquen en las iniciativas relativas al grupo de población mencionado, mismo que cuanto más se tenga consultado y se recopilen sus ideas se tendrán mejores resultados.
En su intervención, la legisladora Melanie Murillo Chávez resaltó el aprendizaje y retroalimentación obtenida por las personas que acudieron a las reuniones que con sus comentarios se pudieron presentar trabajos y propuestas de gran valor, además de coincidir en que hay cosas que se deben perfeccionar, pero que se cuenta con la seguridad de que los trabajos realizados por la próxima legislatura estarán más cercanos a la ciudadanía.
Finalmente, el congresista David Martínez Mendizábal indicó que fueron la cuarta comisión con más reuniones y que duplicaron el número de sesiones respecto a la anterior legislatura, junto a que, a pesar de las diferencias ideológicas, siempre se llegaron a acuerdos en el marco de la ley a diferencia de los hechos ocurridos en el Senado en los que se puso en riesgo la integridad física de diversas personas.
Asimismo, comentó que dentro de los pendientes que quedan para la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables son los temas de personas con discapacidad, las normativas enfocadas al ejercicio libre y seguro de los periodistas y los trabajos legislativos relativos a la búsqueda de personas desaparecidas, acotando que conforme camba la realidad se tiene que atender los problemas más relevantes para la sociedad.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Katya Cristina Soto Escamilla y Janet Melanie Murillo Chávez, así como los diputados David Martínez Mendizábal (presidente), José Alfonso Borja Pimentel y Gustavo Adolfo Alfaro Reyes.
El foro fue encabezado por la diputada Marisa Ortiz Mantilla, presidenta de dicha Comisión e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, y se desarrolló como un espacio de diálogo técnico y propositivo en el que se impulsó una agenda legislativa comprometida con el desarrollo sostenible y la competitividad a través del cumplimiento de compromisos ambientales.
La diputada Ruth Tiscareño presentó una iniciativa para incluir en la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género el principio de Identidad de Género Autopercibida, y a la Secretaría de Gobierno como autoridad competente “para dar paso real a la observancia del derecho a la identidad de Género como derecho humano”.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para que se tipifique como delito autónomo el reclutamiento y utilización forzada de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos, y agravar las sanciones para quienes cometan este acto.
Que áreas forestales o de bosques no sean devastadas por contaminación o deforestación, es lo que busca la diputada Rocío Cervantes con una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para dar a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente facultades para prevenir ambos fenómenos y para opinar, oponerse y supervisar los cambios de uso de suelo en los procedimientos que autorizan autoridades municipales.
El diputado Ernesto Millán Soberanes, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil estatal para establecer que las copias certificadas de las actas de nacimiento no tengan caducidad y sean válidas para cualquier trámite ante cualquier ente público o privado, siempre que sean legibles y no presenten alteraciones o enmendaduras.
La novena edición del Festival Hiroshima cerró con broche de oro en Irapuato, con el fortalecimiento de la hermandad entre dos culturas que se unieron para celebrar las tradiciones niponas y disfrutar de su reconocida gastronomía. Lorena Alfaro García, presidenta municipal, destacó que este festival fortalece los lazos de amistad entre México y Japón, al tiempo que celebra las tradiciones y la presencia de la comunidad japonesa que radica en Guanajuato e Irapuato.
En el marco del Día Nacional del Libro y del aniversario luctuoso del compositor silaoense Antonio Zúñiga (1835-1885), el Gobierno de Silao llevó a cabo una serie de actividades culturales y educativas con el propósito de fomentar el gusto por la lectura y reconocer el valor del libro como extensión de la memoria y la imaginación.
La comunidad Atotonilco en San Miguel de Allende está más embellecida con las obras recientes que realizó el Gobierno Municipal que encabeza el presidente Mauricio Trejo. En esta zona, también nombrada Patrimonio de la Humanidad, se impulsó un cambio visible en la imagen urbana y en las áreas públicas, creando un entorno más bello, funcional y digno para todas las familias y sus miles de visitantes.
El dueño de Elektra y TV Azteca pierde definitivamente contra el SAT tras agotar todas las instancias nacionales por deudas de hasta 17 años. La actuación del Alto Tribunal ha convalidado el proceder de los tribunales colegiados, que ya fallaron contra el millonario ante exigencias de pago del fisco desde que era presidente Enrique Peña Nieto.
La reforma al recurso de amparo, pensada para cercar a los grandes deudores, limita en extremo sus posibilidades de impugnar la ejecución del SAT.