Listos los dictámenes para la creación de nuevas secretarías y modificar requisitos para nombramiento de fiscal general

En este segundo bloque se revisaron las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios de: Salvatierra, Cortazar, Salamanca, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San Diego de la Unión, Huanímaro, Santa Cruz de Juventino Rosas, Comonfort, Cuerámaro, Apaseo el Alto, Tierra Blanca, San José de Iturbide y Valle de Santiago.

La gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio el banderazo de arranque del Operativo Guadalupe-Reyes, en el que sociedad, dependencias e instituciones de los tres órdenes de Gobierno participan en actividades materia de seguridad pública, de prevención y atención de accidentes y emergencias durante el periodo vacacional 2025-2026.

El Pleno aprobó el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa en la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024 promovida en abril del año pasado por el Ejecutivo federal, invalidando normas que exigían permiso del Ministerio Público para abortar, denuncia previa para recibir atención médica por violencia sexual y consentimiento de padres o tutores para anticoncepción de emergencia en víctimas menores de edad.

Este martes, en sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, aprobaron el dictamen, en sentido negativo, de dos iniciativas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Las propuestas planteaban derogar la disposición normativa que establece que persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural.

Sesionó la Comisión para la Igualdad de Género para aprobar el dictamen, en sentido negativo, de la iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. Dicha propuesta buscaba incluir el concepto de autonomía reproductiva para establecer que era el derecho básico de todas las mujeres de decidir sobre su posibilidad de procrear o no y, en ese sentido, planear su propia familia, así como tener acceso a los servicios de interrupción del embarazo hasta las 12 semanas; así como para establecerlo como principio rector.