Comparece Carlos Zamarripa ante Congreso del Estado y no explica razones ante débil procuración de justicia

El fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, compareció ante diputadas y diputados en el Congreso del Estado, para el análisis de su Quinto Informe Anual de Actividades, desdeñando cuestionamientos de la oposición y no precisando si continuará en el cargo.

El diputado Luis Ernesto Ayala Torres, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, señaló que la Ley Orgánica de la Fiscalía refiere la obligación del fiscal de informar sobre su gestión y dio lectura a la mecánica de la reunión. Con base en la mecánica aprobada, Carlos Zamarripa realizó una presentación donde habló sobre las principales funciones que desarrollan y remarcó que no está entre ellas la prevención del delito. Asimismo, comentó que la Fiscalía General es la mejor institución de procuración de justicia del país, dato cuestionado por la oposición.

En la primera ronda de preguntas intervinieron las diputadas y los diputados Laura Cristina Márquez Alcalá, Cuauhtémoc Becerra González, José Alfonso Borja Pimentel, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Martha Lourdes Ortega Roque, Angélica Casillas Martínez, Ernesto Millán Soberanes, Martha Guadalupe Hernández Camarena y Briseida Anabel Magdaleno González, quienes cuestionaron sobre cómo va la implementación de las fiscalías especializadas y los retos que se avizoran; si la estrategia y su desempeño fueron correctas ya que claramente estaba fallando; por qué o por quienes decidió seguir al frente de la fiscalía; los resultados del modelo de atención para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar; detallar las acciones que llevaron a cabo en materia de violencia de género y sus avances; cuánto colabora la guardia nacional en la entidad a combatir el crimen, si las averiguaciones que realizan las comparten y si sus acciones contribuyen al combate del crimen organizado; si hace falta capacitación al ministerio público y a la policía de investigación que se traduzca en mejores resultados; si existe la policía cibernética y se justifica su labor.

También indagaron sobre por qué las cifras no coinciden con las que se emiten a nivel nacional; cómo se decía que la fiscalía garantizaba la procuración de justicia con perspectiva de género si no eran capaces de sacar a los feminicidas del territorio del estado; por qué las cifras de Alerta Ámbar no coincidían; el número de personas desaparecidas; los factores o circunstancias por las que se generó incremento en diversos delitos; las estrategias a implementar para reposicionar a la entidad; los mecanismos que la fiscalía ha implementado para garantizar la denuncia y los modelos de atención a víctimas; el número de carpetas judicializadas, los archivos temporales y el no ejercicio de la acción penal.

Carlos Zamarripa refuto la acusación al señalar que no se ha maquillado ninguna cifra, que son evaluados y revisadas cada una de ellas mes con mes; respectos a los modelos de atención a víctimas implementados habló sobre los módulos de atención primaria, las unidades especializadas de atención móvil; la integración de las carpetas se han llevado a cabo de la mejor forma posible y muchas de las denuncias que se hicieron y se archivaron no es porque no haya delito sino por la reparación del daño, con base en la norma; y para que los agentes del Ministerio Público sean confiables se cuenta con las evaluaciones de control de confianza al 100%, con el área de asuntos internos y vigilancia por el órgano interno de control.

Abundaron respecto al registro de feminicidios y las acciones que se implementarán para que no sigan en aumento, así como las estrategias para combatirlo y cómo se reparó el daño a las víctimas; la visión general de la Fiscalía General sobre los delitos cometidos contra las mujeres y los principales problemas para tener sentencia condenatoria en este tipo de delitos; lo que se ha realizado respecto a la pensión de los familiares de personas desaparecidas, protocolos, políticas y disposiciones internas que se cuentan para la atención de dichas personas, así como los apoyos otorgados; y las acciones que implementa la Fiscalía para procesar datos de violencia de género.

En la segunda ronda intervinieron las legisladoras y los legisladores Rolando Fortino Alcántar Rojas; Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, María de la Luz Hernández Martínez, Dessire Angel Rocha, César Larrondo Díaz, Irma Leticia González Sánchez y Lilia Margarita Rionda Salas.

Las preguntas versaron sobre la investigación del delito de extorsión, las acciones que se han implementado en coordinación con otras dependencias para combatir ese delito; el número de carpetas abiertas por el delito de desaparición forzada de personas, el número de personas sentenciadas, si se detectó un grupo delictivo criminal y las herramientas que utiliza la fiscalía en el juicio; así como el municipio con mayor índice en ese delito y lo que falta para disminuirlo; si se pactó con alguien los beneficios para su familia y respecto a su pensión; las causas que originaron, el seguimiento y el estatus de los diez informes de presunta responsabilidad administrativa emitidos por el Órgano Interno de Control.

Alma Alcaraz, diputada por Morena y excandidata a la gubernatura, encaró a Zamarripa Aguirre y lo cuestionó con dureza: "Antes de que ya te echen de la Fiscalía, la pregunta es Carlos Zamarripa, ¿cuándo presentas tu renuncia? ¿piensas vivir en México o buscarás refugio en Estados Unidos, como Ricardo Anaya y como García Luna?", cuestionamientos que quedaron sin respuesta. 

Profundizaron respecto al informe que emitirá México Evalúa sobre los datos en materia penal, dónde se comenta que la Fiscalía es un caso paradigmático, ya que por un lado hay buenos resultados y por otros están rebasados por la realidad, y que parece que ha entendido qué transparentar, qué no y cómo hacerlo; el por qué las cifras que se manejan son aisladas; la discrepancia en el registro estatal de cuerpos no identificados y cómo se está asegurando la cifra oficial de personas desaparecidas; si dentro de las investigaciones se utiliza la información que genera la inteligencia de la fiscalía; cuántas y cuáles organizaciones han sido desmembradas, cuántas se han constituido como nuevas organizaciones y células, los apoyos en concreto que proporciona la federación; y la carpetas abiertas por delincuencia organizada, las acciones para su desmantelamiento, los detenidos y procesados por ese delito.

Además, indagaron sobre cuáles casos los clasifican como feminicidios; a qué se debe la discrepancia de no clasificar como feminicidios los homicidios dolosos de mujeres si encuadran con algunas circunstancias de feminicidio; el avance del caso del secretario particular de la candidata de MORENA en Irapuato; el porcentaje de impunidad en la entidad y quién genera ese dato; y el índice de impunidad de las 32 entidades administrativas.

En la tercera ronda de participaciones intervinieron las y los congresistas Susana Bermúdez Cano, Yulma Rocha Aguilar, Aldo Iván Márquez Becerra, Irma Leticia González Sánchez, Gerardo Fernández González, Jorge Ortiz Ortega y Katya Cristina Soto Escamilla.

Abundaron sobre el procedimiento para afectar el fondo de atención a víctimas, el tiempo de respuesta promedio, el número de personas apoyadas que corresponde a buscadoras, las canalizadas a atención médica, el seguimiento que se les da, entre otras; qué ha realizado la fiscalía para que en la entidad se castiguen con toda la contundencia de la ley esas atrocidades contra mujeres; si se modificó el funcionamiento y operación del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato; cuántas carpetas de investigación fueron atendidas por el delito sobre incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en el ejercicio que se informa y el porcentaje de esas denuncias se derivan en sede ministerial, a través de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Penal.

De igual manera solicitaron explicara el número de carpetas por homicidio doloso que se clasificaron como feminicidio; cuántas sentencias por homicidio doloso de mujeres y feminicidios; el trabajo que se realiza con los municipios; qué pasó con el caso de Lorenza Cano; cuántos nuevos elementos se han contratado y qué se requiere para suplir el déficit de personal, así como cuánto se destinó para contratar agentes de ministerio público; la manera en que distribuyó el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas u Ofendidos del Delito, así como el impacto socioeconómico del fondo; si va a atender alguno de los casos de mal uso de recursos públicos del FIDESSEG antes de que termine su gestión; cuántos informes de análisis de contexto se han realizado en la entidad y si se puede desglosar por tipo de delito; y a cuántas niñas y niños víctimas indirectas del delito de feminicidio y desaparición se les ha otorgado atención y apoyo.

En la última ronda intervinieron las y los congresistas Armando Rangel Hernández, Alma Edwviges Alcaraz Hernández, Alejandro Arias Ávila, Víctor Manuel Zanella Huerta y Bricio Balderas Álvarez, quienes indagaron sobre qué se ha obtenido de la vinculación con la ciudadanía; el desempeño de la Academia de Investigación Criminal y el Instituto de Formación y Servicio Profesional; cuándo será la presentación de su renuncia como titular de la Fiscalía General; el lugar en el que vivirá en los próximos años; dónde se encuentran parados con la conducta delictiva de extorsión, las ciudades dónde más se está cometiendo ese delito y por qué existe la percepción de que ante delitos de alto impacto social parece que se logra con mucha prontitud el esclarecimiento de esos hechos en comparación con otros.

Otro de los temas que cuestionaron fue respecto al vínculo con organizaciones internacionales donde se señala que se realizaron solicitudes de rastreo a la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y por ello se completaron 1,585 de ellas, preguntaron en qué consisten dichas solicitudes, la cantidad de delitos que ayudaron a esclarecer, cuántas armas se decomisaron y qué lugar ocupa la entidad en el decomiso de armas; qué hace diferente a la Fiscalía de Guanajuato con sus homólogas en otros estados; por qué se le quita dinero al Fondo de Víctimas, en qué se usan esas reversiones de recursos; y cuántos casos de éxito tuvieron en la localización de esas personas desaparecidas en las carpetas de colaboración que se abrieron con otros estados.

Previo a esta mesa los diputados le hicieron llegar 392 preguntas del informe y ya les fueron respondidas.

Destacó la Fiscalía:

Más de 24 mil órdenes y medidas de protección otorgadas
Atendieron al 100% de las mujeres que solicitaron algún servicio
Primer lugar “la policía y el Ministerio Público investigan los delitos de maneja eficaz
Más de 62 mil personas beneficiadas con pronta solución de su conflicto
Más de 300 personas certificadas en estándares de competencia
Sentencias por más de siete siglos
Atención al 100% de recomendaciones de derechos humanos
Localizado a más del 90% de personas reportadas como desparecidas
Han realizado más de 50 mil actos de investigación.