Saca alianza PAN-PRI nombramiento de Elvia Oralia del Pilar Durán como magistrada del TJA y de Eduardo López Mares como consejero del Poder Judicial estatal

La mayoría panista, en alianza con el PRI, empujó a puerto seguro la postulación hecha por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez vallejo, para llevar al Tribunal de Justicia Administrativa a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís, esposa del fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre, así como al expresidente del PAN, Eduardo López Mares a una consejería del Poder Judicial del estado, en la última sesión ordinaria de la 65a. Legislatura del Congreso del Estado.

Así, la tarde de este jueves. además, rindieron protesta la ciudadana Edna Jessica Muñoz Escoto y el ciudadano Luis Gabriel Borja Rodríguez como magistrada y magistrado propietarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; así como del ciudadano Mauricio Cárdenas Zarandona como integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Eduardo López Mares como consejero del Poder Judicial del Estado, quien ocupará el cargo por el término de 4 años a partir de este día; así como Vicente de Jesús Esqueda Méndez, Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís y Diana Arce Romero, como magistrado y magistradas, respectivamente, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, quieres durarán en su cargo 10 años a partir de hoy.

Previamente se llevó a cabo la discusión de los dictámenes correspondientes a los citados nombramientos en los que se pronunciaron en contra del nombramiento del consejero del Poder Judicial del Estado las diputadas Yulma Rocha Aguilar y Martha Edith Moreno Valencia; así como el diputado Gerardo Fernández González.

Rocha Aguilar indicó que la independencia del Poder Judicial es vital para un Estado democrático en el que tiene que haber contrapesos y se tiene que ejercer una neutralidad que no va acorde a la imposición de un ex presidente de un partido político.

La legisladora expresó que el intentar controlar el órgano de gobierno del Poder Judicial a través del reparto partidista es contrario al espíritu constitucional, junto a calificar como peligroso debido a que se manda un mensaje de que la ideología política pude ser determinante para la carrera judicial dejando a un lado el mérito, la capacidad y la experiencia para la promoción profesional.

Concluyó que el órgano judicial debe ser especializado, imparcial, técnico, autónomo y que respondan a los intereses y principios del estado de derecho y no a los proyectos sexenales del actual gobierno en puerta; situación que se traduce en influencia política en la justicia, privilegios procesales, potestad para seguir generando nombramientos en puestos claves y quitar aquellas personas incómodas.

Por su parte, la congresista Martha Edith Moreno Valencia indicó que lo que estaba sucediendo era un acuerdo entre el actual gobernador y la gobernadora electa. Que se estaba recurriendo a las prácticas de siempre y que se repartieron cuotas a sus allegados.

Afirmó que no se defendían las instituciones ni el equilibrio de poderes, sino que estaban alineándolo a sus intereses. Asimismo, subrayó que se estaba subordinado el Poder Judicial al Ejecutivo y externó que impulsaran una reforma judicial en la entidad para que la ciudadanía pueda participar activamente en la designación de jueces y magistrados que garanticen la profesionalización de las personas que formen parte de ese Poder y, a su vez, combatan la corrupción que existe al interior de este.

Después de hablar de los privilegios que dijo tienen, apuntó que no solo iban a rechazar la arbitrariedad que estaba por imponerse, sino que impulsarán una reforma al Poder Judicial estatal.

En su intervención, el legislador Gerardo Fernández González manifestó que el ejercicio de la función judicial contribuye de manera directa y significativa a la preservación del Estado de derecho y a la seguridad jurídica de la ciudadanía, lo que hace necesario que se tenga con personas servidoras judiciales especializadas y con preparación idónea.

El congresista indicó que la propuesta a discusión es una estocada a adecuada función judicial y sus principios, debido a que existe una clara intención de partidarizar la justicia de la entidad sin importar poner en riesgo la división de poderes al postular a un político sin experiencia y sin conocimiento para asumir dicho cargo.

Finalizó señalando que el único mérito de la persona para estar en la terna es tener una licenciatura en Derecho y haberse desempeñado como dirigente estatal del PAN, siendo inexplicable la vulneración de los principios de honradez y de imparcialidad que exige el Consejo del Poder Judicial.

El dictamen se aprobó con 24 votos a favor y 11 en contra; y se designó a Eduardo López Mares con 24 votos a favor y 11 abstenciones.

Al someterse a votación el dictamen relativo a la propuesta formulada por el gobernador del estado de nombramiento del ciudadano Vicente de Jesús Esqueda Méndez, como magistrado propietario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado hablaron en contra el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo y la diputada Yulma Rocha Aguilar.

Prieto Gallardo apuntó que era un nuevo intento de imposición en lo que debería ser un órgano público autónomo encargado de las diferencias entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía. Señaló que durante su gestión como Procurador de los Derechos Humanos otorgó once plazas a sus allegados, algunos en puestos directivos.

Indicó que la persona que intentan imponer es esposo de la mano derecha de la gobernadora electa, y manifestó que el pueblo tiene memoria y que tarde o temprano tendrían que rendir cuentas por lo que estaban haciendo.

En su oportunidad, la legisladora Yulma Rocha Aguilar mencionó que las imposiciones de magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa significa un debilitamiento institucional por la falta de personas con la experiencia y credenciales idóneas para asumir puestos relativos a las resoluciones entre disputas por parte de la ciudadanía y el Poder Ejecutivo de Guanajuato.

Agregó, que las acciones puestas a discusión descomponen el Estado de derecho y las instituciones de la entidad, siendo clara la protección a futuro al integrarse a persona a fines a una ideología partidista a los órganos jurisdiccionales porque los actos de corrupción y excesos del partido mayoritario serán revisados.

El dictamen fue aprobado por 26 votos a favor y 9 en contra, y el nombramiento de Vicente Esqueda Méndez con 28 votos a favor y 7 en contra.

Al discutirse la propuesta de nombramiento de Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís, como magistrada propietaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se pronunciaron en contra la diputada Rafael Fuentes Rivas y el congresista Gerardo Fernández González.

Fuentes Rivas indicó que la imposición no podía explicarse por la capacidad técnica, porque la persona propuesta no contaba con la experiencia ni el perfil adecuado, sino que se tuvieron que dar diversas justificaciones para decir que el derecho penal se parecía al administrativo. Apuntó que la entidad merecía que se investigara al fiscal general y no que le concedieran una magistratura a un familiar.

En su intervención, el diputado Gerardo Fernández González indicó que la carrera profesional en el estado está más relacionada con la afinidad política que con el mérito de las personas, toda vez que la persona propuesta para uno de los cargos como magistrada no está vinculada al perfil profesional por no contar con cinco años de ejercicio profesional en materia administrativa o fiscal. Finalmente señaló que pugnaban por la legalidad al cargo de magistrada al Tribunal de Justicia Administrativa y se evaluara de manera imparcial.

El dictamen fue aprobado por 24 votos a favor y 11 en contra, y el nombramiento de Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís con 25 votos a favor y 10 en contra; mientras que el dictamen correspondiente al nombramiento Diana Arce Romero, se aprobó con por 26 votos a favor y 9 en contra, y su nombramiento con 27 votos a favor y  8 en contra.