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title: "Ethos Político. San Miguel: entre las encuestas, los bulos y los fantasmas del Pacto de la Loma"
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description: "La disputa por San Miguel de Allende ha comenzado mucho antes de que se registren las candidaturas de 2027. Mientras Mauricio Trejo exhibe resultados de gobierno y niveles importantes de aprobación ciudadana, la discusión política se traslada a las redes sociales y a las negociaciones de una eventual alianza PAN-PRI. En el trasfondo reaparecen antiguos vínculos del panismo que hoy se extienden hasta Morena."
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  - "Ethos. Político"
author_name: "Héctor Andrade Chacón"
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author_bio: "(1970, México D.F.) Escritor. Politólogo por la UNAM. Autor de la columna Ethos Político."
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category_name: "Opinión"
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category_description: "Columnas y artículos, análisis político y más"
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# Ethos Político. San Miguel: entre las encuestas, los bulos y los fantasmas del Pacto de la Loma

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## **Las encuestas y la política de las percepciones**

Algo curioso sucede en San Miguel de Allende. Mientras distintas mediciones de opinión pública registran niveles importantes de aprobación al gobierno del priista Mauricio Trejo Pureco, en las redes sociales se multiplican los cuestionamientos a su administración, particularmente sobre dos asuntos sensibles para cualquier ciudadano: la seguridad pública y la obra pública.

No tendría nada de extraordinario. La crítica constituye un ejercicio indispensable de la democracia y ningún gobernante, por popular que resulte, puede aspirar a la unanimidad. Sin embargo, el contraste entre las percepciones expresadas en el espacio digital y los indicadores disponibles obliga a preguntarse cuánto de esa discusión responde al escrutinio ciudadano y cuánto pudiera formar parte de la disputa política que ya se desarrolla con miras a 2027.

Las mediciones ofrecen elementos interesantes. En junio de 2026, Demoscopia Digital reportó una aprobación de 60.5 por ciento para Mauricio Trejo; Campaigns & Elections Research publicó una evaluación de 62 por ciento, mientras que GobernArte registró 60.2 por ciento en julio. No obstante, sus mediciones más recientes, correspondientes a octubre, situaron la aprobación en 56.3 por ciento. Es decir, el respaldo no es invariable ni todas las encuestas coinciden, pero sí muestran que el alcalde conserva un porcentaje considerable de opiniones favorables.

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Por eso conviene distinguir dos cosas: una campaña de desprestigio deliberadamente organizada y la existencia de ciudadanos genuinamente inconformes. La primera necesita pruebas para identificar a sus responsables; la segunda merece ser escuchada, incluso cuando resulte incómoda para el gobierno.

En materia de seguridad, los datos tampoco admiten simplificaciones. Mauricio Trejo asegura que San Miguel atraviesa su año más seguro en tres décadas, una afirmación cuya comprobación exige revisar una serie histórica suficientemente amplia. Los reportes estatales, por su parte, registraron una reducción de 77.42 por ciento en las carpetas por homicidio doloso durante enero-septiembre de 2026 respecto del mismo periodo de 2025, aunque la incidencia delictiva total aumentó 3.17 por ciento.

Son dos realidades que deben examinarse juntas: una disminución significativa de la violencia homicida y la persistencia de otros problemas delictivos.

Trejo atribuye los resultados de su estrategia a una combinación de inversiones en tecnología, más de 515 cámaras de videovigilancia, drones, capacitación y remuneraciones policiales de 28 mil pesos mensuales, además de seguros de vida y coordinación con las autoridades estatales y federales.

Son componentes del denominado Modelo San Miguel, que el alcalde presenta como referencia para otros municipios. Su eficacia, naturalmente, debe juzgarse por resultados comprobables y no solamente por las afirmaciones de sus promotores.

Pero tampoco sería razonable ignorar los avances documentados para sostener que nada se ha hecho.

Ahí está precisamente la diferencia entre una crítica política sustentada y una narrativa que pretende sustituir los hechos con consignas.

## **La obra pública que también entra en la disputa**

La obra pública constituye el otro frente del debate político sanmiguelense.

Una de las críticas recurrentes contra la administración de Trejo es la supuesta ausencia de proyectos y resultados en infraestructura. Sin embargo, la información municipal y los reportes periodísticos de las últimas semanas permiten identificar diversas intervenciones urbanas y rurales, con distintos grados de avance.

En la comunidad de Los López se desarrolla la pavimentación de la calle Cóndor, una vialidad demandada durante años por los habitantes. En Nuevo Pantoja, la intervención de la calle Insurgentes incluye obras de agua potable, drenaje y pavimentación.

En el ámbito rural, el gobierno municipal ha reportado la conclusión de trabajos sobre la conexión entre La Tinaja, La Palmita y el entronque a Charco de Sierra, así como el reencarpetamiento del camino hacia esta última comunidad. Las intervenciones buscan mejorar la movilidad entre Charco de Sierra, Maravillas, La Palmita, La Tinaja y Jalpa.

A ello se añade la rehabilitación del acceso a San Luis Rey, por la zona de Santa Cecilia, con beneficios anunciados para más de tres mil habitantes de distintas colonias.

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No son obras que necesariamente produzcan grandes ceremonias inaugurales ni fotografías espectaculares. Son intervenciones de infraestructura cotidiana, cuya importancia radica en las posibilidades de movilidad, acceso a servicios y comunicación que ofrecen a las familias.

Desde luego, la existencia de proyectos anunciados o en ejecución no sustituye la obligación gubernamental de informar sus costos, contratos, plazos, calidad y beneficios efectivos.

Pero una cosa es fiscalizar las obras y otra, muy distinta, afirmar categóricamente que no existen.

Mauricio Trejo anunció que su gobierno dará a conocer el inicio o la conclusión de una obra cada dos días hasta el 31 de diciembre. Será un compromiso público susceptible de comprobación, tanto por los ciudadanos como por los medios de comunicación.

Las evidencias de obra y los indicadores de seguridad deben entrar a la discusión política. Ni la publicidad oficial puede sustituir la realidad ni la propaganda adversarial debería tener licencia para borrarla.

## **Los fantasmas del Pacto de la Loma y la alianza que divide al PAN**

Pero el asunto de fondo no se agota en las redes sociales ni en el balance de la administración pública.

San Miguel de Allende se encuentra ante una disputa política más compleja: la definición de las alianzas y candidaturas para las elecciones municipales de 2027, en las cuales también se renovará el Congreso del Estado de Guanajuato.

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, ha planteado la posibilidad de construir acuerdos electorales con otras fuerzas políticas, una propuesta que encontró respaldo público en Mauricio Trejo. El alcalde consideró que una alianza puede ampliar la representación política, aunque reconoció que todavía no existen acuerdos formales para San Miguel de Allende.

Sin embargo, entre algunos panistas sanmiguelenses existen resistencias. La dirigente estatal del PAN, Juanita de la Cruz Martínez Andrade, reconoció el pasado 20 de octubre que la militancia local ha manifestado su preferencia por competir sin coalición con el PRI.

Esta confrontación entre quienes defienden la identidad partidista y quienes contemplan una alianza por razones estratégicas no es menor.

Para la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la integración del próximo Congreso estatal también representa un asunto de gobernabilidad. Una mayoría legislativa favorable a su agenda facilitaría la aprobación de iniciativas y acuerdos presupuestales; la fragmentación política obligaría a construir consensos más amplios.

En ese contexto, una eventual alianza PAN-PRI tendría implicaciones que rebasan la elección municipal sanmiguelense. Pero también plantea preguntas legítimas sobre la compatibilidad de los proyectos de ambos partidos, sus compromisos programáticos y los espacios que corresponderían a sus respectivas militancias.

Y es aquí donde aparece un capítulo de la historia política de Guanajuato que merece recordarse.

El llamado Pacto de la Loma, constituido alrededor de la disputa por la candidatura panista al gobierno estatal en 2012, reunió a figuras como José Ángel Córdova Villalobos, Javier Usabiaga Arroyo, Luis Alberto Villarreal García y Ricardo Sheffield Padilla.

Aquella corriente se enfrentó al proyecto que finalmente llevó a Miguel Márquez Márquez a la gubernatura. El grupo terminó disolviéndose, pero algunos de sus antiguos integrantes siguieron caminos políticos diferentes: Villarreal permaneció en Acción Nacional y Sheffield emigró a Morena.

Las coincidencias posteriores entre personajes de aquel entorno permiten observar la continuidad de ciertas relaciones políticas más allá de las siglas.

En San Miguel de Allende, Osvaldo García Arteaga constituye un caso particularmente ilustrativo. Fue funcionario de administraciones vinculadas a los hermanos Luis Alberto y Ricardo Villarreal García, se desempeñó como suplente de este último en una diputación federal y posteriormente ocupó un cargo en la Profeco, en una trayectoria relacionada políticamente con Ricardo Sheffield.

García Arteaga terminó convertido en candidato de Morena a la Presidencia Municipal de San Miguel de Allende en 2024, y su nombre vuelve a figurar en las mediciones sobre posibles aspirantes para 2027.

La historia resulta particularmente significativa porque muestra cómo las fronteras partidistas pueden ser mucho más permeables de lo que sugieren los discursos públicos.

También existen antecedentes de investigaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades inmobiliarias durante administraciones anteriores, en las que se mencionó a exfuncionarios vinculados a los Villarreal y a García Arteaga. Se trata de señalamientos que deben mantenerse en su condición de denuncias e investigaciones, sin convertirlos en responsabilidades jurídicamente acreditadas.

Con estos antecedentes, cabe preguntar si las diferencias internas del PAN obedecen exclusivamente a convicciones sobre la conveniencia de una alianza con el PRI o si también intervienen rivalidades, relaciones históricas y proyectos personales de poder.

La pregunta es pertinente.

No puede darse por demostrado que los antiguos integrantes del Pacto de la Loma operen hoy una estrategia coordinada para perjudicar al gobierno sanmiguelense o facilitar una candidatura de Morena. Pero sí resulta legítimo examinar los vínculos políticos documentados, las posturas públicas y los intereses que confluyen en la contienda.

También merece atención la contradicción entre los discursos de identidad partidista y las trayectorias de quienes han transitado de un instituto político a otro.

La conocida consigna de Morena, «No mentir, no robar y no traicionar», expresa un compromiso ético que debería ser exigible a todos sus integrantes. Como ocurre con cualquier partido, su cumplimiento no puede presumirse por la sola afiliación política, sino que debe contrastarse con los antecedentes, las decisiones de gobierno y la conducta de cada personaje. Y los casos de quienes no lo hacen así, abundan en Morena.

En política, las siglas no constituyen certificados de honestidad ni la militancia garantiza congruencia.

De ahí que el debate sanmiguelense plantee una cuestión que va más allá de simpatías y antipatías hacia Mauricio Trejo: ¿se discutirán las elecciones de 2027 a partir de resultados verificables, programas de gobierno y trayectorias públicas, o prevalecerán las descalificaciones, los agravios históricos y las disputas entre grupos?

San Miguel tiene frente a sí asuntos reales que discutir: seguridad, servicios públicos, crecimiento urbano, desarrollo rural y la preservación de su patrimonio cultural.

También tiene una clase política cuya historia ayuda a comprender las tensiones del presente.

Y quizá por eso convenga recordar que las alianzas políticas no son, por definición, sinónimo de congruencia ni de traición. Son decisiones que deben explicarse ante los ciudadanos y someterse a su juicio.

Al final, ni una encuesta sustituye la evaluación de gobierno ni una campaña en redes sociales puede reemplazar la evidencia.

La verdadera prueba de la política no está en quién consigue imponer el relato más estridente, sino en quién puede sostener sus afirmaciones frente a los hechos.

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