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# Auditoría al INE ya había detectado un esquema de triangulación de recursos

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Casi nueve meses antes de anunciar su investigación de oficio por conflictos de intereses y presunta triangulación de recursos en el Instituto Nacional Electoral (INE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había documentado un esquema de ese tipo en el organismo: un proveedor de material electoral sin trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió 63.2 millones de pesos en 2024 y en menos de tres semanas los transfirió íntegros a nueve empresas y una persona física que la ASF no pudo vincular con el servicio contratado.

El hallazgo consta en una auditoría forense dictaminada en enero de 2026 sobre la cuenta pública 2024 –el primer año completo de la gestión de Guadalupe Taddei como consejera presidenta– y cuyos resultados están en fase de solventación. Al seguir el dinero que el INE pagó a Comercializadora JVLY, la ASF encontró que una de las empresas receptoras declaró haberlo recibido como “préstamos” y traspasó 6 millones a una persona física; otra aseguró que se trató de la compra de un “seccionador eléctrico”, negó haber trabajado con instituciones electorales y transfirió 12.3 millones, más de los 10 millones que recibió de recursos provenientes del INE, a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom). Otras tres no pudieron ser localizadas por los auditores de la ASF.

De las 19 acciones que la ASF determinó en esa revisión, nueve siguen abiertas, según constató este diario en el sistema de la ASF: tres pliegos de observaciones por 66.6 millones de pesos, el mayor por JVLY, y seis recomendaciones. Las otras 10 ya fueron turnadas: dos al área de investigación de la ASF, por pagos de 793.9 millones por boletas y materiales de la elección judicial; seis al Órgano Interno de Control del INE y dos al SAT y al IMSS para que auditen a la empresa.

En paralelo, actualmente la ASF practica una auditoría integral a todo el gasto del instituto en 2025, distinta de la investigación de oficio que anunció el viernes. El próximo 30 de octubre, el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentará en la Cámara de Diputados la segunda entrega de informes de la cuenta pública 2025.

De acuerdo con el informe de la ASF, el INE adjudicó directamente a JVLY, en marzo de 2024, materiales de simulacro electoral, pero le pagó hasta el 31 de diciembre. La empresa exhibió una opinión del Seguro Social con 76 trabajadores, aunque ante el IMSS no tenía ninguno dado de alta; tampoco presentó su declaración anual de 2024. Una empresa que recibió recursos presuntamente “triangulados” por JVLY –Plásticos y Metales MYC–, pasó 2 millones a Grumeec, firma que había participado como supuesta competidora en el sondeo de mercado en el que se adjudicó el contrato a JVLY. Según la ASF, las visitas de supervisión del INE a JVLY se hicieron en el domicilio de otro proveedor, Formas Finas y Materiales, y no en el del contrato.

Los 793.9 millones se pagaron a Talleres Gráficos de México el 31 de diciembre de 2024: 754.9 millones por boletas y 39 millones por materiales didácticos. Funcionarios del INE los declararon recibidos “a entera satisfacción”, aunque se entregaron en 2025, y un director del área admitió ante la ASF que entonces no había servicio devengado.

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