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title: "La apuesta de México por desterrar el efectivo choca con una realidad que se resiste a los pagos digitales"
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description: "Casi la mitad de las operaciones en las gasolineras se salda con dinero circulante. El Gobierno quiere convertirlas en el primer laboratorio de su plan para digitalizar los pagos y aumentar la trazabilidad de la economía"
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date_published: "2026-10-23T07:13:00-06:00"
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  - "Dinero digital"
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author_name: "El País"
category_name: "Política"
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category_description: "Información política de México y Guanajuato"
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# La apuesta de México por desterrar el efectivo choca con una realidad que se resiste a los pagos digitales

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Las gasolineras mexicanas mueven cada mes unos 28.600 millones de pesos en efectivo (unos 1.530 millones de dólares), una muestra de la magnitud del reto que enfrenta la Ley de Economía Digital. La norma, aprobada por el Senado, no proscribe el uso de dinero en efectivo, pero sí abre la puerta a que los billetes dejen de ser aceptados en determinados sectores o actividades, en un esquema gradual, empezando por las estaciones de combustible y casetas de peaje. Según la consultora Petrointelligence y los datos del Gobierno federal, el dinero físico todavía representa un tercio del valor de las ventas de combustibles y casi la mitad de las operaciones, por lo que la digitalización por decreto de las estaciones de servicio supondrá la prueba de fuego para el proyecto. En este contexto, parte del ecosistema financiero se pregunta: ¿correr antes de gatear?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado la ley como una herramienta para reducir el uso del efectivo, aumentar la trazabilidad de las operaciones y facilitar la fiscalización de los movimientos de dinero, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno federal. Sin embargo, en un país donde la conectividad y la adopción de los pagos digitales siguen siendo desiguales, se advierte de que una implementación demasiado apresurada y general de la norma podría excluir de los medios de pago a trabajadores informales y comunidades con menor grado de bancarización: adultos mayores, grupos indígenas, mujeres y adolescentes.

El desafío va más allá de la tecnología, porque aunque la segunda economía de América Latina dispone de una infraestructura capaz de procesar millones de transacciones en tiempo real, el reto ahora es lograr que consumidores, comercios y empresas dejen atrás décadas de sintonía y dependencia de los billetes y den el salto a las alternativas digitales. Aunque a diario se procesan cerca de 20 millones de operaciones a través del SPEI, el sistema de transferencias inmediatas del país, y existen herramientas de pagos móviles gratuitas y públicas, el 85,2% de los mexicanos sigue pagando en efectivo compras menores a 500 pesos y el 73,5% las de mayor valor.

De acuerdo con el diagnóstico de las 14.000 gasolineras del país hecho por Petrointelligence, las condiciones para implementar pagos digitales en los distribuidores varían entre entidades y dependen de factores como la cobertura celular de las estaciones, las redes de internet disponibles y los hábitos de pago. “Por ejemplo, Nayarit registra la mayor proporción de pagos en efectivo (52,9%) y concentra 1,5% de las estaciones identificadas fuera de la cobertura móvil garantizada. Michoacán registra un menor uso de efectivo (32,3%), pero concentra 8,4% de esas estaciones”, ilustra. El análisis destaca que si bien identifica solo unas 200 estaciones fuera de la cobertura móvil de calidad garantizada, la posible afectación puede ser mayor: alrededor de esas estaciones viven aproximadamente 250.000 personas.

La norma, que debe ser sancionada por la mandataria para entrar en vigor, fue avalada por la asamblea del Senado con 72 votos a favor y 34 en contra. El texto fue presentado por Sheinbaum como parte del Paquete Económico de 2027, el plan presupuestario federal para el próximo ejercicio, y también forma parte de la estrategia oficial para elevar la capacidad de tributación del Estado, sin afrontar un reacomodo fiscal integral. Aunque no otorga al Sistema de Administración Tributaria (SAT) facultades adicionales para acceder a la información transaccional, una mayor utilización de medios digitales permite, en la práctica, el seguimiento de las operaciones. También, con fines de prevención de lavado de activos.

Para el centro de análisis México Evalúa, las brechas de adopción son, además de territoriales, también por escala de empresa: las regiones con mayor proporción de micronegocios y menor conectividad concentran las tasas más bajas de aceptación digital. “Una política homogénea que no contemple estas diferencias puede agravar la desigualdad en lugar de reducirla”. Y el problema se retroalimenta, pues el bajo nivel de aceptación en los comercios desincentiva a los usuarios a procurar medios electrónicos, en un círculo vicioso que además perpetúa la baja inclusión financiera, con implicaciones para la vulnerabilidad económica de los mexicanos. Quienes cobran en billetes, por lo general, carecen de historial transaccional y, por tanto, de acceso a crédito, ahorro formal y seguros ante eventualidades. “Estamos hablando de que más de la mitad (52%) de los trabajadores en la economía informal carece de acceso a servicios financieros, frente a solo el 11% de los formales”, agrega el tanque de pensamiento.

En el trasfondo, el mercado muestra desequilibrios ante la falta de un sistema de incentivos suficientemente robusto para compensar los costos percibidos por los comercios al usar medios electrónicos. En pocas palabras, para muchos, usar efectivo es más barato, a pesar de las implicaciones de comodidad y conveniencia. Ante esta situación, el Gobierno ha intensificado la promoción de CoDi y DiMo, plataformas del Banco de México (Banxico) que permiten realizar cobros mediante códigos QR y dispositivos móviles. El banco central, además, queda facultado por la ley para obligar a bancos y fintechs a facilitar el uso de estos sistemas en sus aplicaciones de banca móvil, una operación que, siete años después del lanzamiento de CoDi, todavía resulta engorrosa.

De acuerdo con datos de la fintech habilitadora de pagos Sistema de Transferencias y Pagos (STP), implementar este último método de pago en los pequeños negocios puede ayudar a que los comercios minoristas ahorren hasta 84.000 pesos al año (unos 5.000 dólares) en las comisiones que suelen cobrar las terminales de punto de venta que van desde 1,51% hasta 5,11%. “El reto está en facilitar que más negocios conozcan estas herramientas, las integren a su operación y encuentren en ellas una forma sencilla de avanzar hacia la digitalización”, señala Jaime Márquez, socio y director ejecutivo de Desarrollo de Negocios de STP.

La ley también deja interrogantes sobre qué ocurrirá cuando una contingencia impida realizar pagos digitales. Al mismo tiempo, plantea que los tres niveles de Gobierno —federal, estatal y municipal— estandaricen y digitalicen sus trámites, reduzcan los tiempos de resolución y acepten pagos electrónicos en todas sus dependencias. Otra prueba de fuego.

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