--- canonical_url: "https://paralelox.com/contenido/30512/reves-a-morena-la-suprema-corte-avala-deuda-de-guanajuato-para-obras-y-proyectos" title: "Revés a Morena: la Suprema Corte avala deuda de Guanajuato para obras y proyectos productivos" article_type: "Article" description: "El Pleno confirmó la constitucionalidad del esquema financiero impulsado por el gobierno de Libia Dennise García; la oposición acatará el fallo, aunque mantiene sus críticas. La impugnación contrasta con el respaldo federal al Acueducto Solís-León, proyecto de Claudia Sheinbaum al que se destinará la mitad de los 8 mil millones de pesos autorizados." main_image: "https://paralelox.com/download/multimedia.normal.a6a5c46d0d194834.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-08-05T08:33:00-06:00" date_modified: "2026-08-05T08:37:38-06:00" tags: - "Libia Dennise García Muñoz Ledo" - "SCJN" author_name: "Redacción" category_name: "Política" category_url: "https://paralelox.com/categoria/4/politica" category_description: "Información política de México y Guanajuato" --- # Revés a Morena: la Suprema Corte avala deuda de Guanajuato para obras y proyectos productivos ![SCJN](/download/multimedia.normal.a6a5c46d0d194834.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un espaldarazo jurídico al gobierno de Guanajuato, encabezado por Libia Dennise García Muñoz Ledo, al declarar constitucional el esquema que permite contratar deuda pública para financiar infraestructura, obra social y proyectos de inversión productiva durante 2026. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2026, promovida por diputadas y diputados de oposición en el Congreso estatal —principalmente de Morena y el Partido del Trabajo—, el Pleno determinó que la autorización aprobada por la Legislatura guanajuatense cumple con los requisitos establecidos en la Constitución federal. La controversia se concentró en el Decreto 164, que autoriza un financiamiento de hasta 4 mil millones de pesos para programas de infraestructura educativa, desarrollo social y sustentable, movilidad regional, campo, atención médica, seguridad y protección ciudadana. De manera relacionada, la Corte también validó el artículo 1, apartado E, de la Ley de Ingresos de Guanajuato para 2026, en el que se contempla un techo global de financiamientos por 8 mil millones de pesos. La otra mitad de esa cantidad, establecida mediante el Decreto 163 y no cuestionada directamente en este juicio, tiene como destino el Acueducto Solís-León. ## **No era necesario enlistar obra por obra: Corte** El argumento central de Morena fue que el Congreso estatal había autorizado al Ejecutivo una especie de “cheque en blanco”, al no identificar desde el decreto cada una de las obras, sus proyectos ejecutivos, metas, ubicación y costos específicos. Según las y los promoventes, la falta de ese desglose impedía verificar previamente el destino del dinero y abría la puerta a un manejo discrecional. También sostuvieron que no había existido un análisis legislativo suficiente sobre la capacidad de pago del estado y el destino preciso de los créditos. La Suprema Corte desestimó esos razonamientos. El máximo tribunal estableció que el artículo 117 de la Constitución federal no obliga a los congresos locales a identificar exhaustivamente cada obra que será cubierta con endeudamiento. Es suficiente, indicó, que la Legislatura defina los conceptos generales de inversión pública productiva, establezca montos máximos para cada programa y analice previamente el destino del financiamiento y la capacidad de pago de la entidad. Bajo ese modelo, al Congreso corresponde autorizar los límites, los conceptos generales y las condiciones del crédito, mientras que al Poder Ejecutivo le compete determinar la ejecución concreta de las inversiones y rendir cuentas sobre la aplicación de los recursos. La resolución concluyó que, durante el proceso legislativo, sí se analizaron los programas que recibirían el dinero, la finalidad social de las inversiones y las condiciones financieras del estado. Por ello, el Pleno consideró cumplidos los parámetros constitucionales. También fue declarada válida la facultad otorgada a la Secretaría de Finanzas para realizar movimientos compensados entre los programas autorizados, siempre que no se rebase el monto total de 4 mil millones de pesos ni se utilicen los recursos fuera de los proyectos de inversión pública productiva. La Corte subrayó que el uso del financiamiento quedará sometido a mecanismos posteriores de control, entre ellos la fiscalización de la cuenta pública y la obligación del Ejecutivo de informar cómo fueron ejercidos los créditos. ## **Así se repartirán los 4 mil millones avalados** El Decreto 164 establece que el financiamiento deberá aplicarse exclusivamente en seis grandes programas: - Mil 200 millones de pesos para infraestructura de desarrollo social y sustentable. - 800 millones para movilidad y desarrollo regional. - 700 millones para inversión productiva en el campo. - 650 millones para infraestructura y equipamiento de seguridad. - 500 millones para infraestructura y equipamiento médico. - 150 millones para infraestructura y equipamiento educativo. El gobierno estatal informó previamente que el crédito fue contratado mediante tres operaciones: una por mil 800 millones de pesos a 20 años; otra por mil 500 millones a 15 años, ambas con BBVA México, y una tercera por 700 millones de pesos a diez años con Banamex. La Secretaría de Finanzas aseguró que, aun con estos financiamientos, Guanajuato permanecerá en un nivel sostenible dentro del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y que la deuda será destinada exclusivamente a inversión, no a gasto corriente. Tras conocerse el fallo, el gobierno estatal sostuvo que la decisión unánime confirma que la administración de Libia Dennise García actuó conforme a la Constitución y brinda certeza jurídica al esquema aprobado por el Congreso. “Desde el inicio sostuvimos que este decreto cumplía con todos los requisitos legales y constitucionales. Hoy esa postura ha sido respaldada por el máximo tribunal del país”, señaló el Ejecutivo estatal en una posición difundida por Comunicación Social. ## **Morena pierde el juicio, pero mantiene sus objeciones** El diputado de Morena en el Congreso local, David Martínez Mendizábal, declaró que su bancada discrepa del criterio de la Suprema Corte, pues considera riesgoso que puedan autorizarse créditos sin que el listado de obras quede incorporado desde un principio en el decreto legislativo. No obstante, admitió que la resolución es definitiva e inatacable y adelantó que Morena la acatará. “Nosotros pedíamos el detalle de las obras y seguimos considerando eso”, expresó el legislador, aunque reconoció que la determinación del máximo tribunal deberá cumplirse. La postura permite a Morena sostener su discurso de vigilancia sobre el ejercicio de los recursos, pero representa una derrota jurídica para la estrategia con la que buscaba invalidar una parte sustancial del paquete financiero de la administración estatal. La Corte no resolvió si cada obra futura es conveniente ni evaluó políticamente las prioridades del gobierno. Lo que determinó fue que la autorización legislativa, tal como fue formulada, satisface las exigencias constitucionales sobre destino general, capacidad de pago, control presupuestal y rendición de cuentas. ## **La contradicción frente al Acueducto Solís-León** El litigio también deja abierta una contradicción política para Morena: mientras sus diputados estatales combatieron el esquema global de financiamiento del gobierno panista, la mitad de los 8 mil millones de pesos autorizados para 2026 será destinada a cubrir aportaciones locales para el Acueducto Solís-León, una obra estratégica promovida por el gobierno federal de Claudia Sheinbaum. El proyecto forma parte del Plan Nacional Hídrico de la presidenta morenista y contempla llevar agua a Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, tendrá una inversión aproximada de 15 mil millones de pesos, aportada en partes iguales por la Federación y el gobierno de Guanajuato, con participación municipal. La obra está vinculada con la tecnificación del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, mediante la cual el gobierno federal plantea recuperar volúmenes de agua actualmente utilizados en actividades agrícolas y destinarlos al abastecimiento urbano. La Conagua calcula que el sistema podrá suministrar alrededor de 3 mil 800 litros por segundo y beneficiar a más de 1.8 millones de habitantes. Aunque el recurso de Morena se dirigió jurídicamente contra el Decreto 164 —los 4 mil millones para los programas de inversión— y no contra el decreto específico del acueducto, la demanda intentó invalidar también el apartado de la Ley de Ingresos que registra el conjunto de los 8 mil millones de pesos. Así, el partido quedó colocado en la posición de objetar el instrumento financiero general de una administración opositora, aun cuando la mitad del endeudamiento aprobado permitirá al estado cumplir con su participación económica en uno de los proyectos insignia de la política hídrica de la presidenta Sheinbaum. La contradicción es política, no necesariamente jurídica: Morena puede cuestionar la falta inicial de detalle de las obras financiadas y, al mismo tiempo, respaldar el acueducto federal. Sin embargo, el fallo reduce el margen para sostener que la contratación, por sí misma, fue irregular o contraria a la Constitución. Con la resolución, el gobierno de Libia Dennise García conserva intacta la autorización financiera y podrá continuar con la ejecución de los proyectos, bajo la obligación de transparentar contratos, obras, avances, costos y resultados. Para Morena, la discusión se traslada ahora de los tribunales a la fiscalización legislativa y al seguimiento puntual del destino de cada peso contratado. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.