Estados Unidos no quitará el pie del acelerador. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, ha asegurado que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente relacionados con los carteles de la droga. “Continuaremos haciendo eso”, ha dicho sin titubear tras ser preguntado al respecto en una entrevista con la cadena News Nation este miércoles, una semana después de que la justicia norteamericana pusiera en la mira al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios del Estado, por supuestamente trabajar con el grupo de Los Chapitos, herederos de Joaquín El Chapo Guzmán. Las declaraciones de Blanche llegan además el mismo día en que el presidente, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con intervenir al sur de la frontera para combatir al crimen organizado.
Blanche ha soltado otro dato en su corta declaración sobre el tema. De acuerdo con el fiscal, EE UU ha acusado también a un juez mexicano “recientemente”, sin entrar en más detalles. El funcionario estadounidense ha destacado, no obstante, que la relación con México “es muy positiva”. En ese sentido, ha recalcado que distintos narcotraficantes que están bajo custodia en Estados Unidos —previamente extraditados— han llegado a acuerdos de colaboración con la Justicia. Blanche ha adelantado que se utilizará esa carta para abrir nuevas imputaciones. “Una consecuencia de haber traído aquí a muchos líderes de algunos de estos carteles durante el último año, en cooperación con el Gobierno mexicano, es que algunos probablemente querrán cooperar y eso podría derivar en cargos adicionales”, ha sostenido.
Entre los criminales de alto perfil que han llegado a un pacto destacan los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán López, alias El Ratón y Joaquín Guzmán López, El Güero. Este último se entregó en Estados Unidos en 2024 junto con el exsocio de su padre, Ismael El Mayo Zambada —que también colaborará con la Justicia—, después de secuestrarlo en territorio mexicano. Esta sucesión de eventos desató una guerra civil sangrienta entre las facciones del Cartel de Sinaloa.
Desde 2025, el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum ha enviado al otro lado de la frontera a más de 90 criminales, muchos de ellos de alto perfil como Rafael Caro Quintero y Omar Treviño Morales, El Z40, como un guiño a la Administración de Donald Trump. Pero esa ofrenda no ha saciado la sed del mandatario estadounidense. Este mismo miércoles, el presidente republicano ha vuelto a amenazar con intervenir militarmente en México. En un mensaje desde la Casa Blanca, el mandatario ha adelantado que su Gobierno comenzará una campaña por tierra similar a la que emprendió en el Mar Caribe contra embarcaciones que presuntamente cargaban con droga. “Escucharán algunas quejas de algunas personas en lugares como México y otros sitios, pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, ha afirmado.
La cruzada de Estados Unidos no cae como sorpresa. El periódico Los Angeles Times anticipó que Washington comenzaría una serie de imputaciones contra políticos mexicanos corruptos días antes de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York provocara un terremoto político al hacer pública su acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
La exclusiva del diario tampoco se publicó en un momento aleatorio. La semana anterior, el embajador, Ronald Johnson, cargó contra la corrupción en México en un discurso durante la apertura de una planta de producción de metanol, justamente en Sinaloa. “La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, dijo el diplomático.
