Con la finalidad de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, personas diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA formuló una iniciativa de reforma a la Constitución Política local, al Código Penal estatal, a la Ley de Salud estatal, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, a la Ley de Educación y a la Ley de Víctimas del Estado.
Política07 de noviembre de 2025 Redacción
Con la finalidad de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, personas diputadas integrantes del grupo parlamentario del Partido MORENA formuló una iniciativa de reforma a la Constitución Política local, al Código Penal estatal, a la Ley de Salud estatal, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, a la Ley de Educación y a la Ley de Víctimas del Estado.
Al dar lectura a la exposición de motivos de la propuesta, la diputada Martha Edith Moreno Valencia manifestó que el elemento fundamental de los derechos reproductivos es la garantía de las personas para decidir, sin ningún tipo de violencia o discriminación, sobre todas las cuestiones de su sexualidad y reproducción.
En ese sentido, señaló que una cuestión de primer orden para la autonomía reproductiva es el estatus jurídico y social de la interrupción del embarazo, también nombrada aborto.
La congresista hizo una detallada relatoría de cómo ha sido la evolución en la entidad del tema. Comentó que el Congreso del Estado de Guanajuato decidió incorporar al marco jurídico local el reconocimiento de la persona desde el momento de la concepción, así como detenido diversas iniciativas que se han promovido en la materia, y que la lucha por la interrupción legal del embarazo se ha dado en los campos del litigio estratégico, de los repertorios de acción colectiva contenciosa del movimiento feminista, así como las propuestas legislativas.
Moreno Valencia puntualizó que la propuesta busca derogar el reconocimiento constitucional local de la vida desde la concepción, toda vez que resulta inconstitucional y se convierte en un anclaje injustificado sobre el que se cimenta la criminalización también inconstitucional de las mujeres; la reformulación del apartado sobre el aborto en el Código Penal, para eliminar la responsabilidad penal hasta las 12 semanas de gestación, así como la clasificación como delito grave únicamente en los casos de aborto forzado; reformar la Ley de Salud para reconocer el derecho a la autonomía reproductiva y para establecer su garantía a través de la obligación del Estado para la prestación de los servicios de interrupción del embarazo.
De igual manera, reformar la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer la autonomía reproductiva como uno de los principios de la Ley; reformar la Ley de Educación estatal para establecer la educación en salud reproductiva; reformar la Ley de Víctimas del Estado para establecer la garantía de acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima.
La iniciativa correspondiente a la Constitución Política local y a la Ley de Víctimas se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; lo relativo al Código Penal se envió a la Comisión de Justicia; lo tocante a la Ley de Salud se mandó a la Comisión de Salud, lo correspondiente a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género y lo que toca a la Ley de Educación se remitió a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su estudio y dictamen.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
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