Acciones violentas del crimen organizado deben considerarse terrorismo: Alejandro Arias

Reformular el tipo penal de terrorismo, para abarcar acciones violentas de la delincuencia organizada que afectan no sólo a grupos contrarios, también a instituciones y a la población en general, y aumentar sanciones a quienes las cometen, propuso el diputado Alejandro Arias.

El coordinador GPPRI dijo que ataques con uso de explosivos, drones direccionados a instalaciones de seguridad pública de Irapuato, y los atentados con coches-bomba en Acámbaro y Jerécuaro, deben considerarse actos terroristas.

Ese es el objetivo de su iniciativa de reforma, que el tipo penal no se circunscriba a su origen de delito político y considere terrorismo “los ataques a las instituciones de gobierno, sus funcionarios y empleados y los ataques generalizados a la población civil, con el fin de disuadir a la autoridad a que combata a estos criminales".

Propone reformas y adiciones al artículo 245 del Código Penal en materia de terrorismo para que la sanción con prisión, de 3 a 15 años, aumente de 15 a 40 años como pena mínima y máxima, y para que la multa vigente, de 30 a 50 días, se incremente de 350 a mil 250 días multa.

Y que esas sanciones, a partir de la aprobación de la reforma, se apliquen a quienes con uso de explosivos, incendios, drones o armas de alta letalidad ataquen instalaciones de seguridad pública o espacios gubernamentales, o a su personal, o afecten la integridad física y emocional de las personas con actos que produzcan alarma, temor o terror.

La reformulación del tipo penal de terrorismo también considera que incurre en ese delito quien cometa acciones para reprimir las funciones de autoridades administrativas o de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o para presionar a una autoridad o a un particular para obligarlo a tomar una determinación.

Asimismo, a quienes preparen, cometan o hayan cometido un acto terrorista, y a quienes con una acción intencional generen un daño o perjuicio a la economía estatal.

Resaltó que no podemos continuar en la negación de una brutal realidad como son los actos terroristas de la delincuencia organizada, porque eso “provoca que no se formulen políticas públicas adecuadas para prevenir y combatir acciones violentas que en ocasiones van más allá de una lucha entre grupos criminales, como incendiar comercios o atentados contra la población civil”.

“No se puede tapar el Sol con un dedo bajo el argumento de que estos ataques y crímenes carecen de motivaciones ideológicas, políticas o religiosas. Seguir por ese camino, sin reconocer la realidad que está a la vista de todos, sólo nos mantendrá en el sendero del declive del Estado Mexicano y en la captura de nuestra nación y nuestra entidad a manos de criminales, bajo la cómplice mirada de la inacción de los gobiernos”, advirtió.

Arias Ávila dijo que es momento de que Guanajuato sea uno de los primeros estados en los que, en materia de terrorismo, se legisle como se ha hecho en la Federación, y calificó de equivocadas recientes declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del país en el sentido de que los recientes atentados con coches-bomba “sólo es pelea de los diversos grupos criminales por el territorio o la droga”.

La propuesta legislativa contempla adicionar los artículos 245 Bis y 245 Ter para sancionar 5 a 20 años de prisión al que amenace mediante cualquier medio con cometer el delito de terrorismo, y de uno a nueve años a quien, teniendo conocimiento de las actividades de un terrorista y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.